lunes, 9 de noviembre de 2015

Esta es mi historia: mi nombre es Relmu y vengo de un vientre mapuche


La referente de la comunidad Winkul Newen fue juzgada, y declarada inocente, por el primer jurado intercultural de América Latina: estuvo integrado por seis mapuches y contó con traducción simultánea. Relmu tiene 38 años y nació en Esquel. Como su mamá biológica no pudo criarla, fue adoptada por Héctor y Silvia Soaez. Perfil de una mujer que lucho primero por su identidad y luego por su pueblo.




Relmu Ñamku nació en Esquel hace 38 años. Como su mamá, Marina, no pudo criarla la dio en adopción apenas nació. Relmu fue adoptada por Héctor y Silvia Soaez, una pareja que esta semana se emocionó hasta las lágrimas al escuchar que su hija había sido absuelta por “tentativa  de homicidio”, el delito que se le imputaba desde 2013. La referente de la comunidad Winkul Newen fue juzgada por el primer jurado intercultural de América Latina, por un hecho sucedido el 28 de diciembre de 2012, en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala, Neuquén.
Ese día, cuando los miembros de la comunidad bloqueaban un establecimiento petrolero, llegó una orden judicial para desalojarlos. Los miembros del LOF –como se llama a la forma de organización mapuche- se defendieron con piedras y una oficial de justicia sufrió la fractura del tabique nasal. Por eso, la acusaron a Ñanku de “tentativa de homicidio” y a Martín Maliqueo y Mauricio Raín por “daños agravados”. El miércoles todos fueron absueltos. El jurado estuvo integrado por seis mapuches y contó con traducción simultánea al mapuzungun, el idioma oficial del pueblo.
La comunidad Winkul Newen desde 2010 mantenía los cruces con el accionar de la empresa petrolera Apache Corporation, que explotaba pozos en territorio mapuche y con el tiempo se hicieron cada vez más recurrentes. La comunidad incluso puso un alambrado para proteger el territorio en 2012 y le cerró el paso a la empresa.
En diciembre de ese año se escucharon los motores de autos y camionetas. Salieron a ver qué pasaba y vieron móviles policiales, grúas y camionetas de la empresa. De allí una mujer se acercó con un papel en su mano y una lapicera. Relmu fue a su encuentro. La mujer era la oficial de Justicia Verónica Pelayes, que  traía en su mano una orden de desalojo firmado por la jueza Ivonne San Martin.
Cuando intentó leerles a Relmu y al resto la ordenen, no la dejaron y la sacaron del territorio mapuche. “Rajá”, le dijo la referente en reiteradas ocasiones. Pero la oficial de justicia, de manera intimidante y faltando el respeto, empezó a gritarles:
-Si es una comunidad, traigan los papeles -se le escuchó decir aquella tarde a Pelayes.
-Ustedes no son mapuches -les recriminó.
-Qué sabés vos del tema mapuche -respondió Relmu-. Y agregó:
-No sabés nada, tenés que volver a la primaria.
-Esto es una ruta -les dijo Pelayes.
La comunidad notó que la topadora estaba prendida y que comenzaba a avanzar en territorio mapuche. Allí comenzaron los piedrazos. Fueron sólo cinco minutos. La excusa perfecta para la criminalización. A los pocos días los referentes de la comunidad habían sido detenidos y con la intervención de abogados y organizaciones luego liberados y así se armó la causa judicial que los tuvo en el banquillo hasta que fueron declarados no culpables esta semana.
Resistir y luchar
Durante las cinco primeras audiencias a Relmu la llamaron Carol Soaez, como figura en su DNI con el apellido del hombre que la adoptó. Al sexto día, cuando llegó el turno de dar su testimonio, habló en mapuzungun y tras saludar a las autoridades de su comunidad y al jurado presente dijo:
-Esta es mi historia. Mi nombre es Relmu Ñamku, siempre en todas las audiencias me llaman Carol Soaez. Me siento con la obligación de contarles a todos ustedes; al jurado y al público, a la querella y a los fiscales quien soy, como para poder contextualizar mi comunidad Winkul Newen.
Tras un silencio, agregó que le daba “pena” contar sus intimidades para que puedan entenderla y la fiscalía dejara de acusarla “injustamente”. La fiscal Sandra González Taboada, que la imputó y llevó a juicio por un delito que no cometió, miraba su cuaderno sin sacar la vista de ahí.  Meses antes del incidente de Portezuelo, González Taboada había desistido de investigar una denuncia de la comunidad por la agresión de una patota petrolera, que golpeó a una embarazada y una anciana.
En la carpa blanca montada para el juicio, Relmu contó su historia, con el amor que la criaron sus padres adoptivos, a quienes señaló en la audiencia, cómo se hizo fuerte por ellos y cómo también desde el principio supo que ella era mapuche. “Porque mi mamá es mapuche, vengo de un vientre mapuche, soy mapuche”, dijo con orgullo.
Relmu también contó la posibilidad que tuvo de estudiar y viajar a Córdoba, donde hizo una tecnicatura en idiomas y culturas indígenas. “Me recibí de esa tecnicatura pero había en mí una intranquilidad. Si bien sabia esta historia que les cuento, no era natural para mí, si bien sabía que era mapuche no podía resolver mi día a día”, detalló. Volvió al sur y tras mucho desearlo, a los 21, conoció a su mamá biológica. Para mí fue algo muy bueno porque cerré un ciclo y comencé otro. No para recriminar sino conocer de dónde venía”. También supo que tenía ocho hermanos y contó que los fue conociendo de a poco.
En Neuquén el pueblo mapuche resistía y luchaba por sus derechos y por reconstruir su cultura y Relmu pudo ver cómo era su fortaleza. “Empecé a trabajar en un centro cultural mapuche fue un proceso hermoso aprendí telar, alfarería y también aprendí algo de mapudungun porque teníamos esa posibilidad del contacto y relación con comunidades. Esa deuda que tenía conmigo, con mi cultura lo aprendí en ese tiempo”.
Allí también contó que le tocó un “proceso fuerte, un proceso que es conocido aquí como un proceso de reconstrucción del pueblo mapuche y del lado del gobierno un proceso de enfrentamiento con el pueblo mapuche”. Y agregó: “En aquellos años más de 10 comunidades mapuches tomaron su forma organizativa como comunidad, porque no es que nos fuimos del territorio, sino que producto de la colonización, producto de la reducción territorial fuimos perdiendo nuestra cultura, y entre eso perdimos nuestras estructura organizativa como comunidad, como LOF también perdimos el respeto hacia nuestras autoridades”.
Una fiscal endeble
El periodista Darío Aranda realizó la cobertura del juicio para Amnistía Internacional Argentina, que ofició de observadora en el debate, y escribió notas para el diario Página/12 sobre el caso también. La fiscal González Taboada no fue nada sutil al saber quién era el periodista que había escrito una nota sobre el caso. “La fiscal que pide 15 años de cárcel para Relmu Ñamku por un piedrazo que además no está comprobado me encaró al final de la audiencia, me hizo venir a buscar por la policía porque quería hablar conmigo”, contó a radio La Retaguardia el periodista y contó que la fiscal le dijo “que su artículo era mentiroso”.
“Mi respuesta, por ende, fue que me estaba llamando mentiroso a mí, y se dio una suerte de discusión donde ella me quería llevar a su oficina y yo quería mantenerla en un lugar público, aunque estaba rodeado de policías. Si ese es un manejo con un periodista de Buenos Aires de un medio nacional, imaginen con el pueblo mapuche”, dijo Aranda.
El abogado Darío Kosovsky, defensor de Relmu, dijo que la fiscal "menospreció a la ciudadanía" al sostener que el jurado popular, que esta semana declaró inocente a la referente mapuche, lo hizo intimidado o condicionado por "presiones externas". "El pueblo no le tiene miedo al pueblo y los jurados no deciden sobre la misma lógica que los técnicos. Emiten el veredicto sin temer a las consecuencias para sí, no esperan un ascenso por una decisión favorable a los intereses del poder, no especulan con ganar cargos con su fallo", dijo.
CD/GA/RA


Infojus Noticias

jueves, 5 de noviembre de 2015

Un jurado popular absolvió a Relmu Ñanku

El cuerpo, compuesto por doce personas, seis de ellas mapuches, la encontró culpable de “daño simple”. La juzgaron porque cuando la comunidad bloqueó el acceso a un establecimiento petrolero una oficial de justicia resultó herida de un piedrazo. La acusación original fue por “tentativa de homicidio”.


El primer jurado intercultural de América Latina dio su veredicto de “no culpable” del delito de tentativa de homicidio contra la referente de la comunidad Winkul Newen del pueblo mapuche., Relmu Ñanku, y la encontró responsable de “daño simple”. El jurado, compuesto por doce personas, seis de ellas mapuches, juzgó los hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2012, en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala, Neuquén. Ese día, cuando los miembros de la comunidad bloqueaban un establecimiento petrolero, llegó una orden judicial para desalojarlos. Los miembros de la comunidad se defendieron con piedras y una oficial de justicia sufrió la fractura del tabique nasal. Por eso, la acusaron a Ñanku de “tentativa de homicidio” y Martín Maliqueo y Mauricio Rein por “daños agravados”, quienes también fueron absueltos. Todo el debate contó con la traducción simultánea al mapuzungun, el idioma mapuche. “El jurado nos dio la razón. El pueblo fue más coherente que todos los jueces, fiscales”, dijo Ñanku a Infojus Noticias, quien celebró su absolución, tras casi tres años de lucha.
“La justicia ejercida por el pueblo es más sabia que la de los fiscales", aseguró el abogado Darío Kosovsky que junto a Emanel Roa defendió a los imputados. “Estoy feliz, exultante”, resumió. Apenas se dio a conocer el fallo la sala estalló en gritos y aplausos. En medio de un clima de mucha emoción, los presentes comenzaron a cantar “la tierra robada será recuperada”.
“La vamos a dar vuelta en la impugnación”, dijo Kosovsky sobre la culpabilidad entorno de “daño simple”. El abogado explicó que esa figura fue aplicada por el jurado “por un error en las instrucciones que dio el juez al jurado, antes de la deliberación, sobre cómo tenían que evaluar”. Detalló que ya habían “dejado reserva del caso” y agregó, entre risas: “Relmu va a quedar sin ninguna manchita”.
El juicio comenzó la semana pasada en una amplia carpa blanca armada especialmente junto a los tribunales de Zapala. Relmu llegó al debate acusada de “tentativa de homicidio”, un delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión, pero que ayer fue reducida por la misma fiscal que la había puesto: Sandra González Taboada. La representante del Ministerio Público Fiscal, en sus alegatos,  bajó la calificación a “lesiones graves en concurso real con  daño”, que contempla una pena de hasta 9 años de cárcel. Para el abogado Kosovsky, que defendió a Relmu, la elección de la carátula no fue casual y fue parte de una política de "criminalización de la protesta".
“Desde que llegamos vinimos a demostrar nuestra inocencia, no sabíamos lo que iba a pasar, pero sí confiábamos en que el jurado iba a tener más coherencia”, recalcó Relmu. El camino recorrido por ella y el resto de la comunidad frente a la justicia los había marcado a fuego. La misma fiscal, González Taboada, que la acusó por tentativa de homicidio y la llevó a juicio, fue quien desestimó una denuncia de la comunidad por el ataque que sufrieron de una patota petrolera. “La balanza siempre se inclina para el lado del poder y eso quedó claro con lo que hizo la fiscal”, describió.
Esa balanza se inclinó hoy para el otro lado. “El jurado escuchó, analizó, vio y decidió lo que tenía que decidir”, detalló Kosovsky y explicó que, entre otras cosas, los miembros del jurado vieron que detrás del caso “había política e intereses” que buscaron someter al pueblo Mapuche para ganar dinero. Y que, como contrapartida, “hay un pueblo que resiste”. “El mensaje fue contundente”, resumió.
Para Relmu, la decisión del jurado, entre otras cosas, “nos genera nuevas condiciones para seguir luchando y resistiendo y acompañando a todos los pueblos originarios del país”. En medio de los festejos, volvió a agradecer la “suerte de tener un jurado que supo ver”.
“Un juicio injusto”
Ayer se realizaron los alegatos de las partes y el lunes, en la sexta audiencia del debate, se escuchó el testimonio de Ñanku. De cerca la escucharon sus familiares y diferentes referentes indígenas, como Félix Díaz, y desde Buenos Aires llegó un colectivo con militantes de diversas organizaciones sociales, entre ellos Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga. En primera fila, escuchando el veredicto del jurado, estuvo la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas. 
En su exposición ante el juez y el jurado, Ñamku empezó hablando en mapuzungun. Saludó a las autoridades indígenas y a todos los presentes. “Es un juicio injusto. Quiero contar la verdad de lo que pasó”´, aseguró. Entre lágrimas contó su historia, cómo fue dada en adopción y cómo con los años recuperó su identidad mapuche. También relató la etapa de sus estudios en Córdoba y cómo decidió volver a Neuquén, porque ahí veía las luchas que se daban. Relató también cómo se casó con Maliqueo y fue a vivir a la comunidad.  Y describió la situación de conflicto entre la comunidad Winkul Newen, que tiene petróleo debajo, y las compañías multinacionales que extraen hidrocarburos. “Las petroleras siempre hicieron lo que quisieron y el Estado siempre las dejó hacer. Es una relación muy desigual, pero el Pueblo Mapuche lucha porque es un pueblo que quiere seguir vivo”, afirmó. Su testimonio fue publicado por el diario del juicio que realizó Amnistía Argentina, que actuó como observadora en el juicio.
Ñanku también dio cuenta de las agresiones físicas que sufrieron su cuñada embarazada y su suegra, por parte de una patota petrolera un tiempo antes del hecho que se juzgó en este debate. El hecho fue denunciado, pero no fue investigado. “Los fiscales Marcelo Jofre y Sandra González Taboada (los mismos que ahora los llevaron a juicio a ella) no hicieron nada”, aseguró.
Contaminación
La resistencia de la comunidad Winkul Newen se remonta a varios años antes de aquel 28 de diciembre de 2012. En 2010 habían comenzado un duro cuestionamiento al accionar de Apache Corporation, que explotaba pozos en tierras mapuche sin respetar los derechos de los pueblos originarios. El conflicto se agravó aún más con una serie de derrames de hidrocarburos y en 2012 la comunidad –donde las casas no tienen ni servicio de gas, ni electricidad y tampoco agua- cerró el paso a la empresa.
El 27 de diciembre la comunidad enterró a una beba que había fallecido unos días antes, convencidos de que la causa de muerte era la contaminación de la zona. Un día después llegó la orden de la jueza Ivonne San Martín, que hizo lugar a un pedido de la petrolera y ordenó que se notificara a la comunidad que permitieran correr los alambrados y tranqueras para que pase la empresa. Para eso llegó hasta el lugar Pelayes. Llevaba la notificación y estaba acompañada por efectivos policiales, miembros de seguridad privada, una retroexcavadora y empleados de la firma.
Ñamku contó que les pedían a Pelayes y los efectivos que se fueran. “Le dijimos varias veces que nos dé la notificación y se vayan, pero no, ellos querían entrar y no los íbamos a dejar”, destacó. La mujer pidió que se exhiba un video en el que se la escucha decirles que se vayan. Y también le responde a Pelayes varias veces con un “¿qué sabes vos de mapuches?”. En su testimonio agregó: “nos decía que no éramos mapuches, nos negaba nuestra identidad, es una falta de respeto para nosotros. Y nos decía que esa no era nuestra tierra”. Remarcó que durante los años de lucha tuvieron numerosas notificaciones, pero nunca una auxiliar del Poder Judicial los había tratado así.
En medio de un ambiente tenso, la retroexcavadora comenzó a avanzar y casi atropella a un joven de la comunidad. Hubo piedrazos para detener el avance. Una de esas piedras dio en la cara de Pelayes y le rompió el tabique. Poco después la mujer hizo su presentación judicial acompañada de Julián Álvarez, un abogado neuquino que defendió desde estancieros hasta un juez acusado de delitos de lesa humanidad. Tras hacerse cargo del caso, insistió en que se trató de un intento de homicidio y dijo que los mapuches eran “delincuentes que viven en la ilegalidad”. La fiscal González Taboada, que esta vez sí avanzó con la investigación, primero la  caratuló como “lesiones” y luego concordó con Álvarez en re caratularla como “tentativa de homicidio y daño agravado”. Hasta ayer, que empezó a dar marcha atrás.
CD/PW

martes, 3 de noviembre de 2015

Un jurado mapuche para Ñamku

Un jurado de doce miembros, seis de ellos mapuches, deberá decidir sobre la acusación contra Relmu Ñamku, una mujer de la comunidad mapuche, acusada de haber herido de una pedrada a una funcionaria durante un desalojo impulsado por una petrolera.













Por Darío Aranda

“Me quieren condenar por ser pobre, india y mujer”, afirmó la mapuche Relmu Ñamku durante el juicio en el que se la acusa de “intento de homicidio” por arrojar una piedra (en el marco de un conflicto territorial) y puede ser condenada a quince años de cárcel. Según la fiscal Sandra González Taboada, Ñamku arrojó la piedra que hirió a la auxiliar del Poder Judicial, Verónica Pelayes. Durante los seis días de audiencias declararon más de quince testigos, ninguno (salvo la denunciante) identificó a Ñamku como la responsable del piedrazo y dos médicos confirmaron que en ningún momento hubo riesgo de vida. Es el primer caso de América latina con jurado intercultural (la mitad son mapuches) y hoy se podría conocer la sentencia.
El 28 de diciembre de 2012, la auxiliar de Justicia Verónica Pelayes llegó hasta la comunidad mapuche Winkul Newen. Era el último día hábil antes de la feria judicial, y la jueza Ivonne San Martín ordenaba a la comunidad el ingreso de la petrolera Apache (le habían cerrado el paso por hechos de contaminación). El día terminó con Pelayes herida (rotura de tabique) y denuncia contra Ñamku, Martín Velázquez Maliqueo y Mauricio Rain.
En un primer momento fue por “lesiones”, pero luego la carátula fue cambiada por los fiscales Sandra González Taboada y Marcelo Jofré, y el abogado Julián Alvarez. Acusaron a Ñamku de “intento de homicidio” y “daño agravado” a Maliqueo y Rain. E instalaron en muchos medios provinciales que Pelayes estaba sola, que no se trataba de un desalojo y que se trató casi de una lapidación. Pelayes, en otra causa, demandó por 6,5 millones de pesos al Estado y a la petrolera.
Durante seis días de audiencias declararon más de quince testigos. Quedó confirmado que Pelayes concurrió con policías, empleados de la petrolera y una retroexcavadora (para levantar alambrados). Sólo Pelayes identificó a Ñamku como la responsable de su herida.
La fiscalía y Pelayes siempre afirmaron que la piedra que rompió el vidrio de la camioneta fue la misma que produjo la herida. Sin embargo, un testigo solicitado por la querella, el empleado Miguel Belani, aseguró ante el tribunal que Mauricio Rain fue quien arrojó esa piedra el 28 de diciembre de 2012.
Otra contradicción provino de José de la Rosa Cárdenas, médico de la policía de Zapala, y Jorgelina Carmona, perito forense del Poder Judicial. Ambos testigos por la querella acreditaron las lesiones, pero también descartaron que haya estado en riesgo la vida de la auxiliar. Pelayes, que declaró el jueves pasado, afirmó que recibió presiones de sus superiores para realizar la notificación y, una vez en el lugar, reconoció que el abogado de Apache, Mariano Brillo, la presionaba para lograr el ingreso de las camionetas petroleras.
El viernes declararon Martín Maliqueo y sus hermanas Violeta y Juana. Detallaron cómo la petrolera violaba los derechos indígenas, les cortaba la entrega de agua si reclamaban (es una zona desértica) y enumeraron una decena de represiones. Ayer fue el turno de Ñamku. Relató su historia de vida (fue adoptada de niña porque su madre biológica no podía criarla), cómo recuperó su identidad mapuche y precisó los numerosos hechos de violencia contra la comunidad. También recordó que, el día anterior al intento de desalojo, la comunidad había sepultado a una beba que nació con malformaciones (la comunidad apunta como causa a la contaminación). “En el banquillo de los acusados debieran estar los gerentes de las petroleras, el gobernador y sus ministros, y algunos funcionarios del Poder Judicial. Pero estoy yo, por ser pobre, india, mapuche, y mujer”, denunció Ñamku.


Un caso emblemático

Por Flor Monfort
En Perla Pascarelli se resumen muchos de los horrores que puede vivir una mujer que paga con su integridad física y mental los embates de la violencia obstétrica: su calvario empezó el 8 de mayo de 2007 cuando se internó para su cuarta cesárea programada en el Hospital Durand. En apariencia todo había salido bien y ella y su hijo Santino volvieron a la casa familiar en Lugano algunos días después. Pero pronto empezaron los dolores, las pérdidas y ese limbo en el que entra una mujer cuando quiere hacer valer su palabra frente a la mayoría de la corporación médica. Perla decía que le dolía, que no se recuperaba, que los dolores no eran gases como le insinuaban y que una cuarta cesárea le daba algo de experiencia sobre su cuerpo y sus señales. Algo no estaba bien y eso que empezó como una fiebre que se intentaba aplacar en la guardia con buscapina y suero terminó con una infección generalizada, una necrosis y sus cuatro miembros amputados. Aparentemente, durante la cesárea, alguien dejó una gasa “olvidada” en el útero de Perla y el dolor tenue terminó con el peor escenario por no escuchar a la protagonista, por ignorar las alertas y, una vez descubierta la cadena de negligencias, por esperar que se muera en vez de intentar salvarla. El 9 de julio de 2007, mientras la ciudad de Buenos Aires miraba atónita la nieve que caía del cielo, Perla se despertaba de la anestesia que la tragó un mes antes y la noticia fue un yunque pero también una lanza. Enseguida le dijo a su marido Luis que no llorara, que averiguara qué había pasado y que si la iba a dejar que sea rápido, porque ella no podía perder el tiempo. Así se motorizó una lucha en la que nunca se dio por vencida y que recién este año empezó a dejar la sombra de la impunidad. En la causa civil de la que el Gobierno de la Ciudad siempre se quiso lavar las manos e hizo oídos sordos a los plazos establecidos para asistir a la familia, la jueza nacional Silvia Tanzi le ordenó pagar casi 20 millones de pesos en concepto de indemnización para Perla, su marido y sus cuatro hijxs menores de edad. Ahora la Cámara debe ratificar la sanción de la jueza y acomodar ese monto (fijado hace más de seis años) a los valores actuales (cada una de las prótesis que necesita Perla para volver a caminar cuesta cinco millones de pesos, y el lucro cesante y la indemnización a la familia debería cuadriplicar este monto). En febrero, se conoció también la sentencia penal que condenó a probation a las médicas Valeria Cecilia Carrera y Lucía Gabriela Marquez, en una causa que tuvo once imputados que a lo largo del proceso fueron absueltos por falta de mérito. Es decir que es el primero de los ocho años que lleva este caso en los pasillos judiciales que Perla tiene una respuesta clara y concreta de que se ha actuado mal y que el Gobierno de la Ciudad, el mismo que le dio la espalda durante ocho años y el que mandó a su marido a pedirle trabajo a San Cayetano (sic de Horacio Rodríguez Larreta) debe resarcirla. “A mí me decían que no tenían de dónde sacar la partida presupuestaria para indemnizarme pero para Niembro sí supieron de dónde hacer aparecer los millones” dice hoy Perla, con la misma templanza de siempre y en el medio de las tareas escolares de los niños, Juan Cruz y Franco de 16, Oriana de 13 y Santino de 8. En estos años supo de dónde sacar la fuerza y entendió rápidamente que la vía más eficaz para que le prestaran atención eran los medios: la brutalidad de su caso y su innegable carisma hizo el resto. Así recibió la silla de ruedas de parte de Cristina Fernández cuando las huestes de Macri la ignoraban y sigue recibiendo cientos de relatos de brutalidades que el sistema de salud ejerce sobre las mujeres y su autonomía a la hora de parir. Tiene esperanzas en relación a la ley pero sabe que los años que separan la letra de la práctica son de arduo trabajo, capacitaciones y mucho empoderamiento. “Somos nosotras las que tenemos que poner los límites, apoyadas en nuestras familias pero con la seguridad que nos da una legislación. Espero que nunca más se repita una atrocidad como la mía”.
Ministerio de Salud de la Nación: Línea de Salud Sexual: 0800-222-3444
Defensoría General de la Nación: defensor.gov.ar
Las Casildas: lascasildas.com.ar
Dando a Luz: facebook.com/dandoaluz.arg



viernes, 30 de octubre de 2015

Fue víctima de violencia de género, la justicia la acusa a ella

Tras ser imputada por tentativa de homicidio, al defenderse de un ataque de su pareja, fue encarcelada y vivió la pesadilla de la prisión junto a su hija de dos años y su bebé recién nacido. Ahora espera el juicio en su domicilio.
Cintia Pérez es una joven madre de San Martín, víctima de violencia de género, que atraviesa por un largo calvario judicial. El año pasado, embarazada de seis meses, su pareja la sometió a una nueva paliza y ella intentó una defensa amenazándolo con alcohol y fuego, aunque no llegó a prenderle fuego.
La Justicia la imputó por tentativa de homicidio y desde ese momento fue confinada a un calabozo en la cárcel de Los Hornos, donde convivió con una hija de dos años y su bebé nacido bajo detención, rodeados de ratas, mientras sus otras dos criaturas más grandes quedaron a cargo del abuelo.
La Sala Sexta de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires falló ahora para morigerar la injusta situación de Cintia, otorgando una reclamada prisión domiciliaria, haciendo foco en los derechos de los niños. Esta medida se efectivizó en las últimas horas, luego que el Tribunal Oral de San Martín que la juzgará fijó las condiciones, que incluyen tobillera electrónica para monitorear a Cintia.
Mario Coroliano, defensor ante casación Bonaerense, colaboró en la presentación del recurso de “hábeas corpus” con la defensora oficial Mariana Kodric, que fue admitido por los camaristas. “Cintia venía siendo víctima de feroces golpizas por parte de su marido y padre de los cuatro chicos. En uno de esos ataques, ella se defendió y también defendió a su hijo, que llevaba en su vientre seis meses. El hombre terminó con lesiones. Ella le arrojó el alcohol mientras en una mano tenía un encendedor. Por ese episodio espera el juicio por jurados. El fiscal calificó el hecho como tentativa de homicidio y la mandó a prisión”, contó el defensor.
Desde un primer momento, se solicitó que la mujer aguarde el juicio en su domicilio, para estar cerca de sus hijos, y considerando el historial de violencia machista que padeció. Sin embargo, poco y nada pudo hacer la defensora Mariana Kodric, que incluso solicitaba la morigeración de la prisión preventiva basada en el superior interés del niño y lo que expresamente prevén las leyes para estos casos.
“Cintia y dos de sus hijos fueron alojados en el penal de Los Hornos en noviembre,conviviendo con roedores y otros peligros para su vida y salud. Los dos chicos más grandes de la mujer quedaron a cargo de su padre, anciano y enfermo. Fue inútil apelar, ya que la Cámara de Apelaciones de San Martín por dos votos, y largas demoras, confirmó el encierro de los tres. Por ello, se decidió presentar un recurso de hábeas corpus ante Casación, solicitando una audiencia, donde se concurrió con Cintia y sus hijos. La resolución de los camaristas la libera del encierro. El Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Martín se tomó un tiempo para resolver qué condiciones imponía. Ahora ya está en su casa con los nenes, monitoreada electrónicamente”, relató el defensor Coroliano.
En el marco del fallo de la sala Sexta de la Cámara de Casación bonaerense, los magistrados destacaron que se trata de un caso de “gravedad institucional”, verificado “en la emergencia arbitraria e inminente restricción a la libertad” en perjuicio de la mujer.
Asimismo, los camaristas dijeron que “lo valorado para denegar la morigeración es la pena en expectativa estimada por la fiscalía, cuando aún Pérez es inocente del hecho que se le imputa y se encuentra pendiente de realización el correspondiente juicio por jurados”.
“Hay otros 58 niños rodeados de ratas”
Mario Coroliano, defensor oficial ante la Cámara de Casación Penal bonaerense, explicó que “la situación de Cintia y sus dos hijitos es absolutamente injusta, y afortunadamente ahora se morigeró, pero las condiciones de encierro en la Unidad Penal 33 de Los Hornos continúan vulnerando los derechos de los niños, ya que actualmente siguen allí alojados 58 menores de cinco años, hijos de otras mujeres detenidas, por lo que abriremos una investigación sobre cada uno de esos casos, porque los argumentos son dudosos”.
“El lunes estuve en el penal. Cintia y sus hijos convivían con ratas. El más chiquito tuvo que nacer en estado de encierro. Es ilegal, además de inhumano. Pude saber que por la existencia de roedores, las autoridades colocaron veneno para combatirlas. El asunto es que un chiquito de cuatro años, jugando con otro, tuvo convulsiones y debió ser internado al ingerir veneno”, relató el defensor oficial. “La hija de dos años de Cintia estaba muy mal, el nenito nació bajo encierro.
Todo esto se pudo haber evitado. A partir del caso de esta mujer vamos a propiciar una investigación porque en ese penal hay 58 menores de cinco años detenidos junto a sus mamás”, dijo Coroliano.

martes, 27 de octubre de 2015

Sylvia Plath nacía un 27 de octubre de 1932



























Tres mujeres es un emocionante poema a tres voces que tiene como tema central la maternidad. Cada voz representa una forma de vivirla: la mujer que centra su realización en ser madre, la que sufre por no poder serlo y la que lo es a su pesar.

  

TERCERA VOZ: 

He aquí que soy montaña
entre mujeres-montañas.
Los médicos van entre nosotras
como si nuestra gordura
Espantara el alma. Sonríen como
imbéciles.
Son culpables porque yo lo soy,
y lo saben.
Cargan su vacuidad como un modo
de salud.
Y si los hubiera sorprendido, como a mí.
Se habrían vuelto locos.

¿Y si dos vidas fluyeran de mis muslos?
Vi la sala blanca y limpia
con sus instrumentos.
Es un lugar de gritos sin gozo.
“Aquí vendrá usted cuando
esté lista”.
Los vigilantes son lunas vacías y rojas,
empañadas de sangre.
No estoy lista para lo que pueda suceder.
Tendría q matar lo que me mata.



PRIMERA VOZ:

No hay milagro más cruel que éste.
Soy arrastrada por caballos
con cascos de acero.
Resisto. Tengo una herida. Desempeño un trabajo.
Este túnel negro por el que pasan en fogonazos
las pruebas,
Las pruebas, los síntomas, los rostros
perturbados.
Soy el centro de una atrocidad.
¿Qué sufrimientos, qué tristezas
habré de parir y amar?
¿Una inocencia tal, puede matar aún?
Ella se cría de mi vida.
Los árboles mueren en la calle.
La lluvia es corrosiva.
La siento en mi lengua, y los dolores
del trabajo,
Los horrores que se ensañan,
se aflojan, las indiferentes
parteras
Con su corazón prendido que golpea
y sus estuches de instrumentos.
Seré una pared y un techo que ampara.
Seré un cielo, un monte de bondad:
¡Déjenme vivir!
Una fuerza rota en mí, una antigua tenacidad.
Me agrieto como el mundo.
Esta obscuridad,
Esta ráfaga de obscuridad. Cruzo mis manos
sobre una montaña.
El aire es denso. Pesado por
mi trabajo.
Me usan. Me manipulan.
A mis ojos los atormentan la noche.
No veo nada.



SEGUNDA VOZ:
  
Soy acusada. Sueño matanzas.
Soy un jardín de agonías negras y rojas.
Las bebo,
Me odian, rencorosa y espantada.
Y ahora el mundo concibe
Su fin y se abalanza hacia ella, los brazos tendidos,
llenos de amor.
Es un amor de la muerte,
que todo envenena.
Un sol muerto destiñe el periódico.
Se torna rojo.
Pierdo vida tras vida. La tierra negra las bebe.

Ella es el vampiro de todas nosotras.
Nos mantiene.
Nos ceba, es buena.
Su boca es roja.
La conozco, la conozco íntimamente.
Vieja mendiga, escarchada y estéril, vieja
bomba de tiempo.
Los hombres la engañaron
Ella se los tragará
Los tragará, los tragará, sí, los tragará.
El sol ya se tendió. Yo muero.
Forjo una muerte.




Del libro Tres mujeres 

¡Cuidemos a nuestra Comunidad Mapuche!




Un jurado intercultural para decidir si Relmu Ñamku es inocente o culpable

Hechos de Zapala.-
La mujer está acusada de tirar una piedra que hirió a una auxiliar judicial en un conflicto por tierras en Neuquén. Ahora será juzgada por tentativa de homicidio. La mitad de los jurados populares serán indígenas. Y todo el juicio tendrá traducción simultánea en idioma mapuche.
Un juicio sin precedentes comenzará hoy en Zapala y podría llevar a quince años de cárcel a una mujer mapuche por haber resistido un desalojo (solicitado por una petrolera estadounidense).
A Relmu Ñamku se la acusa de haber arrojado una piedra que hirió a una auxiliar judicial. “Intentan amedrentar al pueblo mapuche y liberar la zona para mineras, petroleras y grandes estancieros. Soy inocente, lo vamos a demostrar y exigimos que el Poder Judicial racista no tenga doble vara y haga cumplir nuestros derechos”, reclamó Ñamku, principal acusada e integrante de la comunidad Winkul Newen. Será la primera vez en América latina que se ponga en práctica un jurado intercultural (la mitad será indígena).
La comunidad Winkul Newen vive en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala. Desde 2010 mantenía un duro cuestionamiento al accionar de Apache Corporation, que explotaba pozos en territorio mapuche sin respetar los derechos indígenas. El conflicto se agravó por una serie de derrames de hidrocarburos. En 2012 la comunidad cerró el paso a la empresa.
En abril de ese año una patota vinculada a la petrolera atacó a las familias mapuches. Hirió con un disparo de bala a un joven de la comunidad, desfiguró el rostro de una anciana y golpeó a la lonko, Violeta Velázquez, que estaba embarazada. La comunidad realizó la denuncia, pero la Fiscalía (a cargo de Sandra González Taboada) no avanzó en la investigación. Las amenazas y hostigamientos contra los mapuches se mantuvieron de manera reiterada.
El 27 de diciembre, la comunidad dio sepultura a una beba. Los integrantes de Winkul Newen afirman que, entre los factores del fallecimiento, estuvo la contaminación ambiental. Al día siguiente, la jueza de Zapala Ivonne San Martín hizo lugar al pedido de la petrolera y ordenó notificar a la comunidad que permita correr alambrados y tranqueras para el paso de la compañía. La comunidad aseguró que la auxiliar judicial Verónica Pelayes llegó con la notificación, con policías, guardias privados, empleados de Apache y una retroexcavadora.
Se produjo un entredicho y Pelayes habilitó a que la retroexcavadora avanzara. La máquina casi atropelló a una joven mapuche y la comunidad reaccionó arrojando piedras como forma de frenar el avance petrolero. Una de las piedras dio en el rostro de Pelayes y le ocasionó la rotura del tabique.
De inmediato presentó la denuncia el conocido abogado de la zona Julián Alvarez, famoso en la región por defender a los grandes estancieros (muchos de la Sociedad Rural) e incluso al juez de la dictadura militar Pedro Laurentino Duarte (denunciado por organismos de derechos humanos por complicidad con los militares).
La fiscal González Taboada dio curso a la denuncia de Alvarez y Pelayes. La caratuló como “lesiones” y pidió el procesamiento de Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain. Pero luego, en acuerdo con el abogado Alvarez, cambió a “tentativa de homicidio y daño agravado”, responsabilizó del piedrazo a Ñamku y pidió una pena de quince años de cárcel.
Darío Kosovsky es el defensor de la comunidad mapuche y afirmó que “no hay antecedentes de un pedido semejante por lesiones”. Aportó como referencia que por homicidio simple puede corresponder una pena de ocho años de cárcel. “El Ministerio Público Fiscal de Neuquén pide el doble de cárcel por una lesión. Busca escarmentar a las comunidades y dar un mensaje de temor a los que defienden la tierra”, explicó el abogado.
El sistema judicial de Neuquén establece que para penas de quince años o más se debe realizar juicio por jurados. Por primera vez en la América latina se conformó un jurado intercultural, donde la mitad (seis) serán mapuches. Fueron seleccionados el martes pasado por las partes y el juez Raúl Aufranc. Otro hecho inédito: todo el juicio será con traducción simultánea en mapuzungun (idioma mapuche).
El Consejo Zonal Centro (de la Confederación Mapuche de Neuquén) presentó un recurso de amparo porque no se respetó el derecho a la consulta previa en la elección de los jurados. Aún no hubo respuesta y el juicio comenzará el lunes en Zapala.
Relmu Ñamku, madre de tres niños, espera el juicio consciente de que puede ser la primera indígena presa por un conflicto territorial. Remarcó la injusticia de que ninguno de los derechos de los pueblos originarios se cumple y detalló lo que hay detrás del juicio: “Este juicio implica garantizar a las empresas extractivas su accionar, poniendo el aparato judicial a su disposición para que los pueblos originarios no seamos un impedimento en sus proyectos extractivos”.
González Taboada enfrenta un pedido de jury por su accionar en la desaparición en 2003 de un estudiante (Sergio Avalos) a la salida de un boliche. La familia de Avalos acusó a Taboada por irregularidades y sospechas de haber favorecido a policías y militares retirados (acusado como responsables de la desaparición). El abogado Julián Alvarez llamó a los mapuches “delincuentes que viven en la ilegalidad”.
Foto: Confederación Mapuche de Nequén

Cosecha Roja

jueves, 22 de octubre de 2015

Abuelas de Plaza de Mayo conmemoran el Día de la Identidad: 38 años en busca de la verdad










Con una recorrida por su historia y con la participación de invitados especiales, la celebración llevará el nombre "38 años buscando la verdad" y comenzará a las 19 en la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, ciudad de Buenos Aires.



La historia de las Abuelas comenzó cuando en 1977, desde la ciudad de La Plata, Alicia "Licha" Zubasnabar de De la Cuadra y María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani, se encontraron y crearon "Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos", seis meses después de que un grupo de madres de desaparecidos visibilizaran su reclamo en la Plaza de Mayo, dando vida a las Madres de Plaza de Mayo.

Raquel Radío de Marizcurrena, Clara Jurado, María Eugenia Cassinelli de García Iruretagoyena, Celia Giovanola de Califano, Haydée Vallino de Lemos, "Licha" de De la Cuadra, Leontina Puebla de Pérez, Beatriz Aicardi de Neuhaus, Eva Márquez de Castillo Barrios, "Chicha" Mariani, Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez y Mirta Acuña de Baravelle fueron las doce madres-abuelas que iniciaron la tarea que hasta hoy permitió recuperar 117 nietos.

Veintiocho años después, el Estado nacional reconoció el trabajo de las Abuelas y promulgó en 2005 la ley 26.001 sancionada por el Congreso Nacional en diciembre de 2004, que establece el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad.
Por su parte, la Justicia demoró 35 años en reconocer formalmente la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebés a mujeres secuestradas durante la última dictadura.

En el primer fallo histórico, el 5 de julio de 2012 el Tribunal Oral Federal 6 condenó a 50 años de reclusión, la máxima sanción prevista en la legislación nacional, al ex dictador Jorge Rafael Videla, a 30 años al ex marino Jorge "Tigre" Acosta, responsable operativo del centro clandestino de detenciones que funcionó en la ESMA durante la dictadura, y a 15 años al ex dictador Reynaldo Bignone, último presidente de facto.

La causa había sido iniciada por las Abuelas diecisiete años atrás y al leer el fallo, la jueza María del Carmen Roqueta dejó expresamente sentado que para el tribunal cada uno de los 36 casos que se ventilaron en ese juicio constituyen "parte integrante de un plan sistemático de robo de bebés" desarrollado durante el período del terrorismo de Estado.

El fallo fue clave para descubrir la trama civil que fue parte del delito de apropiación de niños, como médicos y parteras que colaboraron en el ocultamiento y entrega de los bebés nacidos en las maternidades que funcionaban en los centros clandestinos de detención donde se encontraban cautivas las embarazadas.

La tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo en su búsqueda no puede desligarse de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada en 1992, y del Banco Nacional de Datos Genéticos que permite obtener la información genética para establecer la filiación familiar.

Si bien la Conadi está asociada a la búsqueda y localización de niños desaparecidos, su función abarca también la tarea de recibir denuncias sobre robo y tráfico de menores, despojos a madres y adultos con identidad vulnerada, según los principios enunciados por el organismo.

Las primeras pericias para determinar la "abuelidad" y poder identificar a los menores secuestrados se realizaron en 1984 a pedido de Abuelas y en 1987 el Congreso Nacional sancionó la ley 23.511 que creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durand.

El último logro en materia legislativa de las Abuelas fue en 2009 cuando se sancionaron las leyes que habilitan al juez a ordenar la extracción de ADN para identificar a hijos de desaparecidos y la que reconvierte el Banco Nacional de Datos Genéticos en un ente autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología.


Con más de 300 nietos que aún siguen buscando, a fines de agosto pasado las Abuelas anunciaron por 117° vez la restitución de Claudia Domínguez Castro, hija de los militantes comunistas Walter Hernán Domínguez y Gladys Castro, secuestrados ilegalmente y desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.








jueves, 15 de octubre de 2015

Donde estaba Diana Sacayán, había revolución



Julia Muriel Dominzain – Cosecha Roja.-
“Cuando yo, esta humilde trava, se vaya,
no me habré muerto…
simplemente me iré
a besarles los pies a la Pacha Mama”


Diana Sacayán se subió a una silla, se levantó la remera, mostró las puñaladas y heridas de su cuerpo y gritó:
- ¡Esto hace la prostitución! ¡No me digan que es un trabajo!
Lo hizo hace años, en un encuentro en Europa, frente a un grupo que defendía el trabajo sexual. Generar revuelo, para ella era normal: cada vez que hacía algo se encendía un torbellino. Revolucionaria, terrenal, rebelde, combativa, consecuente, guerrera y provocadora: así  definieron sus amigos y compañeros de militancia a la travesti que apareció asesinada a cuchillazos antes de ayer en su departamento de Flores.
Los resultados de la autopsia indicaron que Diana intentó defenderse y que murió de una puñalada en el abdomen. La descripción coincide con el cuchillo que encontró la policía en la escena del crimen. Durante todo el día, acompañados por la Dirección General de Orientación y Protección a Víctimas del Ministerio Público Fiscal (Dovic), sus conocidos declararon en la Fiscalía de Instrucción 4. A la noche la velaron en la Asociación Boliviana de Laferrere. En esa localidad bonaerense vivió desde que vino de Tucumán con pocos meses, hasta hace un año.
Siempre que podía, Diana denunciaba que la prostitución no podía ser la única opción para las personas trans. Nació en Tucumán en 1976 y a los 17 tuvo que irse de su casa en La Matanza y dejar la secundaria. Como no tuvo preparación para competir en el mundo del trabajo, durante mucho tiempo la única alternativa fue la prostitución. Estaba convencida de que había que construir otras alternativas.
En julio de este año viajó a Cuba, a la VIII Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia. Su discurso empezó así:
“Ayer me pasó algo: intentando acceder al yahoo veo que los fotógrafos buscaron la peor foto mía, como hacen los medios hegemónicos con las personas trans para presentarnos como desordenadas, psicópatas, viciosas, putas”
El humor, la referencia a sus raíces indígenas y su franqueza dejaron a todos con la boca abierta. Cuando volvió escribió en Página/12: “Las chicas me miraban extasiadas, ven a Argentina como paraíso travesti. Hay una diferencia grande entre las travestis argentinas y las cubanas. Estas últimas, aun sin nuestros avances, cuentan con una gran ventaja: tienen un nivel educativo maravilloso. Te discuten todo y de todo saben. Todas las travestis que conocí tenían el secundario completo”.
DianaSacayan III
A mitad de septiembre la cámara legislativa de la Provincia de Buenos Aires aprobó la ley de cupo laboral para personas trans: al menos el 1 por ciento del personal estatal local debe ser del colectivo. “El proyecto lo hicieron cien por ciento Diana y su Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L), le ponía el pecho a lo que fuera”, dijo a Cosecha Roja Daniela Castro la primera mujer trans directora de la delegación de DDHH de Mar del Plata. La idea había surgido tres años antes.
- Che, ¿por qué no laburamos una ley de cupo? – le dijo a Emiliano Litardo, abogado de las organizaciones Abosex y Allita.
Él le dijo que sí y empezaron a trabajar, casi como si fuera un juego, un impensable, una utopía. Pero no: Diana se lo cargó al hombro en serio y no paró. “Era la maestra de poner amor en la política”, dijo aCosecha Roja Litardo. Él la había conocido casi 15 años antes, un día que ella estaba en la plaza de Laferrere enseñando a usar preservativos. “La suya era una militancia que no estaba solamente el cuerpo ni en lo político: se jugaba una cuestión amorosa tremenda”, contó. Diana era de dar besos en el cuello de sorpresa, de mimar a los compañeros y de ponerse seria cuando hacía falta.
- Peleá por esto. Va a salir – les decía.
Flavio Rapisardi -Doctor en Comunicación y militante LGBT- contó que Diana volaba entre la sorna y la crítica. Pero cuando estaba tranquila, hablaba como silbando. “Cerraba la boca, hacía como un piquito, te hablaba como un pajarito tierno y te levantaba el ánimo”, contó a Cosecha Roja. “En esos momentos había que leer que te estaba hablando Diana pero la Diana personaje, la que se separaba de sus dolores”, agregó.
***
Verónica Zapata es boliviana y era vecina de Diana en Laferrere. La conoce desde chiquita y fue testigo de cómo, a lo largo de los años, se bancó las puteadas del barrio. “Era cuestión de caminar unas cuadras que siempre -pero siempre- alguno la insultaba. Ella les contestaba, nunca se quedó quieta”, contó a Cosecha Roja. Muchos años después, cuando una doctoranda de Flacso estaba en la búsqueda de una definición de discriminación, Diana se la dio:
- Discriminación es esa pátina que recubre mi día, desde la mañana hasta en mis sueños.
Su amiga Verónica forma parte de la Asociación Boliviana de Laferrere, donde anoche la velaron. Ella militaba desde cerca. Una vez le dijo a Verónica:
- Nosotros tenemos mucho en común. Yo lucho por la identidad de género pero también por mi identidad de descendencia indígena. En definitiva nuestra lucha es la misma: que nos reconozcan nuestra diversidad.
Diana iba a las festividades de la colectividad y no se perdía cuando Evo Morales los visitaba. “Estaba fascinada por su discurso”, contó Verónica. Uno de sus proyectos era, alguna vez, ponerse el vestido y bailar caporales o morenadas, las danzas folklóricas bolivianas. También componía música y escribía canciones. “Una vez me cantó una de rap que me dejó sorprendida”, relató.
En su casa en Laferrere Diana y su hermana (Johana) organizaban reuniones políticas. Silvia Delfino -docente e investigadora de la UBA y la UNLP- y Rapisardi eran algunos de los que iban. “Ella y su hermana eran el alma de la casa, el sostén. Recuerdo cuando recibí la noticia de que estaban presas”, contó Delfino a Cosecha Roja.
DianaSacayan II
Las hermanas estuvieron más de cinco meses detenidas en el destacamento 20 de Junio. Aquel día de julio de 2004, cuando unos policías las subieron a las piñas a un patrullero, ellas acababan de denunciar un prostíbulo de la zona. Aunque no se les hacía fácil la entrada, los amigos les llevaban puchos y comida.
Desde allí, las hermanas escribieron un mensaje que se publicó en Indymedia: “Desde este oscuro e inútil lugar, que jamás en la historia de la humanidad ha logrado los objetivos con las que fue creado, les hacemos llegar nuestro más cálidos abrazos y profundo agradecimiento por la actitud de compañerismo y afecto que surge de ustedes. Queremos hacerles saber que podrán encerrarnos a uno, dos, tres o veinte años, pero no besaremos nunca sus botas. Diana y Johana Sacayán”.
El día que las liberaron, el 22 de diciembre, fueron a comer a una bodega sobre Avenida de Mayo. No era la primera vez que se enfrentaban con las fuerzas de seguridad. “La lucha contra la represión policial en los ‘90 era ineludible. Hay que tener en cuenta que, incluso hasta hace poco, había 17 distritos del país que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo”, dijo a Cosecha Roja María Rachid, legisladora porteña por el FPV. Recién desde 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, las personas trans y el Estado comenzaron a dialogar. “La muerte de Diana habla de todo lo que se hizo por los derechos de las personas trans y al mismo tiempo de todo lo que falta”, dijo.
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La ley de cupo no fue, ni por cerca, su primer logro. Antes había impulsado las resoluciones ministeriales de Salud y Educación que ordenaban al personal de establecimientos estatales a respetar el nombre de las personas trans, aunque en Argentina todavía no había sido sancionada la Ley de Identidad de Género. Y, todavía antes, Diana militaba.
Rodrigo Rotpando, compañero de militancia, la conoció en una fábrica recuperada, en 2002. Él tenía 20 años y estaba pensando en armar una agrupación LGBT. Ella se le acercó y le dio un volante, una fotocopia borroneada que informaba sobre una reunión. Él se tomó el bondi hasta González Catán y fue. Pasó a buscarla por una escuela en donde ella estaba terminando el secundario y fueron hacia un templo umbanda. Ahí se juntaron con diez chicas trans más: estaba naciendo M.A.L.
Ya en aquel momento el discurso de Diana era conciso. Hablaba de que la sociedad estaba mal, de que era machista, patriarcal, les decía a las compañeras que se merecían que las trataran bien, que reclamaran que las llamaran por el nombre que correspondía. “No tenía formación teórica pero tenía un sentido de la justicia visceral, impresionante. Tenía la viveza de la calle y sabía leer la doble moral, luchaba por todas las personas en situación de vulnerabilidad”, contó Rotpando a Cosecha Roja.
En esa época estaba dejando de ejercer la prostitución: hacía changas, se buscaba la vida, militaba en el Partido Comunista, trabajaba en el Mercado Central. Ahí fue que conoció a quien fue su pareja por una década. “Primero él era un chongo que la insultó pero después terminaron enamorados”, contó Rotpando.
Mientras tanto, escrachó al CEAMSE de La Matanza por contaminación, apoyó la lucha de los trabajadores, enfrentó a la Bonaerense. “En aquel momento no había ningún tipo de ayuda. A las pibas, la cana les pedía sobornos, les sacaba los paquetes de yerba de las bolsas de comida que recibían”, relató su compañero. También se movilizó frente al INADI para pedir que contrataran personas trans. Durante una de las Marchas del Orgullo se tiró en el piso delante de uno de los camiones para impedir que siguieran porque había compañeras detenidas. En otra de las movilizaciones terminó demorada en la comisaría de la calle Bolívar, con un grupo de anarquistas, por atacar la Catedral.
Diana se peleaba con el que se tuviera que pelear. Después se sentaba a dialogar. Si es que el interlocutor lo valía. Con los amigos, no había duda. Rapisardi contó la última discusión:
- ¡Che! La última vez que supe de vos fue cuando estuviste en Perio criticándome en una charla que organizó una agrupación estudiantil… – le dijo él.
Ella soltó una carcajada y le respondió:
- Vos sabés, loca, que yo te quiero.
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El mes anterior al triunfo de la ley de cupo -su gran último logro- fue intenso. “Una senadora me mandó a callar la boca. Es como pedir milanesas de faisán. Cupo trans ya”, tuiteó el 26. Al día siguiente, cuando esperaba el colectivo para ir al debate con un grupo de amigas, la Policía Metropolitana las atacó. A Bianca Moreno le dieron piñas en el tórax, a Sonia Pamela Díaz le pegaron en la pierna izquierda y la revolearon sobre un patrullero y a Diana la tiraron frente a un taxi que circulaba por la calle. Diana hizo la denuncia en la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y en los medios.
Juan Tauil trabajó con ella durante cuatro años, mientras filmaba su documental “T”. La definió como una militante de territorio que iba al frente, que pateaba la calle. “Todo lo que ella hacía estaba cargado de revolución. Era un nexo entre el barro del conurbano del tercer o cuarto cordón y el centro. Con su muerte, Diana deja huérfanas a un montón de chicas”.
Según la  Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (A.T.T.T.A), el promedio de esperanza de vida de las personas trans es de entre 35 y 40 años. Como si supiera, el 11 de mayo del año pasado Diana escribió:
“Cuando yo me vaya no quiero gente de luto. Quiero muchos colores, bebidas y abundante comida; esa que de niñ* me hacía falta.
Cuando yo me vaya no aceptaré críticas, más razonable y serio sería que me las hagan en vida.
Cuando yo me vaya desearía una montaña de flores, esa que l*s mil amores por los que he sufrido nunca supieron regalarme.
Cuando yo me vaya no quiero farsantes en mi despedida, quiero a mis travas queridas, a mi barrio lumpen a mis herman*s de la calle, de la vida y de la lucha.
Cuando yo me vaya sé que en algunas cuantas conciencias habré dejado la humilde enseñanza de la resistencia trava, sudaca, originaria.
Cuando yo me vaya quiero una despedida sin cruces; tod*s saben sobre mi atea militancia.
Y sin machos fachos porque también saben sobre mi pertenencia feminista.
Cuando yo me vaya espero haber hecho un pequeño aporte a la lucha por un mundo sin desigualdad de género, ni de clase.
Cuando yo, esta humilde trava se vaya, no me habré muerto… simplemente me iré a besarles los pies a la Pacha Mama”

Cosecha Roja