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domingo, 16 de diciembre de 2012

Justicia debajo de las piedras

Micaela lloró lo que tenía que llorar. Después se enjuagó las lágrimas despacito, con cuidado de no olvidarse nunca de ellas porque la abuela Susana le dijo que esta vez había que ser más fuertes. Para seguir luchando por encontrar a Marita, su mamá, pero también para volver a buscar justicia aunque sea debajo de las piedras de este mundo. Porque en Tucumán se les había escurrido de las manos. Los ojos de Micaela son grandes, oscuros y profundos, como los de su madre, y siempre miran con firmeza y tranquilidad, como los de su abuela. El martes no la dejaron observarles las caras a los camaristas que absolvieron de culpa y cargo a todos los imputados por el secuestro y prostitución de Marita. Curiosa decisión después de diez meses de audiencias y de presencia sostenida de la niña en los tribunales. Hoy Mica, como le dicen, ni siquiera puede reprocharles a tres jueces la estafa moral y espiritual de la que fue víctima. La obligan a seguir construyendo su vida desde las ausencias, desde lo que no se puede ver, ni escuchar, ni reclamar, porque no le está permitido. “Se crió con la verdad, se crió viéndome luchar por su madre, buscarla sin parar y sufrió muchísimo, pero ese sufrimiento la hizo una persona fuerte y valiente.” Susana Trimarco suele repetir estas palabras como un mantra cuando dedica la luz de sus ojos a Micaela. Habla de la adolescente con orgullo, si a los tres años la acompañaba con una manito estrujándole la pollera para no perderse en pasillos y oficinas de organismos públicos y juzgados. Mica siempre estuvo ahí, en alertas matizadas con pequeñas siestas que a veces tomaba en los sillones de despachos para sacarle la lengua a una espera interminable. Diez años y ocho meses, para ser más precisos. Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán, le metieron una trompada en medio del pecho. No es posible por estas horas imaginar los pensamientos o los estados de ánimo que atraviesan a una adolescente de 14 años cuando le borran la esperanza de un plumazo. Preguntas obvias que nunca se agotan en sí mismas: ¿qué va a pasar cuando Micaela se cruce por la calle con alguna/o de las/os que gozan de la absolución desde el martes último? ¿Qué garantías de seguridad se les abren a las testigos víctimas de trata que durante el juicio se enfrentaron con sus captores/secuestradores/explotadores sexuales? ¿Cómo no pensar en una Justicia vidriosa cuando se habla de mujeres víctimas? ¿Dónde apoyar la confianza cuando todo lo que debería sostenerla la arroja al vacío de un momento al otro? José D’Antona, uno de los abogados que representa a Susana Trimarco, advirtió indicios agoreros desde el comienzo de las audiencias, en el caso omiso del tribunal a las amenazas abiertas que proferían en la sala los imputados a las testigos, en la violación judicial a protocolos internacionales como el de la Convención de Palermo en cuanto a los procedimientos y resguardos que debieran haberse tomado durante las declaratorias de las víctimas de trata y tráfico, en irregularidades de procedimientos y en la desestimación de pruebas presentadas en los diez meses transcurridos. También en las sonrisas irónicas que policías tucumanos les dedicaron a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora mientras aguardaban para ingresar al edificio para conocer el “fallo”. Nunca una palabra describió con tanta exactitud la realidad. A contrapelo, Micaela, paciente, empeñosa, vuelve a armar la imagen de su madre “con todo lo que me cuentan de ella”. Duele, “muchísimo, porque no está conmigo”. La paleta local no da tregua: a tres cuadras de los tribunales del escándalo, Susana Trimarco detectó un prostíbulo disfrazado de estudio jurídico y el miércoles, en una intervención poco feliz, la senadora nacional Beatriz Rojkés de Alperovich, esposa del gobernador de Tucumán, le dijo a Trimarco en un cruce radial que “la prostitución existe y va a existir siempre”. Micaela, por cierto, no anhela recibir demasiadas enseñanzas del mundo adulto. Muchos de sus profesores le preguntaban con incredulidad por qué las víctimas de trata no pueden escaparse; algunos sugerían que estaban de vacaciones. Ella, como le enseñó Susana, aspira hondo y relata lo inexplicable una y otra vez, amasando su propia justicia como el único horizonte posible. Por ahora.

Por Roxana Sandá




jueves, 13 de diciembre de 2012

Unas putas y nada más

Cinco jóvenes mujeres, sobrevivientes de redes de trata declararon, en el juicio que culminó el martes con una vergonzosa sentencia absolutoria, que vieron a Marita Verón en distintos burdeles de La Rioja, donde ellas mismas estuvieron cautivas y sufrieron todo tipo de vejámenes. Lloraba en todo momento, con las pupilas dilatadas. No tenía equipaje. Les comentó que tenía una hija de tres años llamada Micaela, que ella tenía el nombre artístico de Lorena. Una de las víctimas rescatadas la vio con peluca de cabellos rojos y con lentes de contacto. Contaron que cuando los proxenetas se enteraban –por filtraciones policiales– de que podía haber un allanamiento, a Marita la sacaban del burdel y la llevaban para otro lado.
Por el veredicto que dictó la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán, las palabras de esas cinco víctimas de mafias prostibularias no fueron tenidas en cuenta. No valieron como prueba. El tribunal no les creyó.
El martes próximo se conocerán los fundamentos del fallo. Se podrá entender un poco más sobre el resultado de un juicio oral y público que demandó diez meses y convocó a más de un centenar de testigos, pero cuya investigación judicial llevó una década. ¿Cómo ponderaron los jueces la prueba testimonial? Esa es la gran pregunta. En el juzgamiento de delitos complejos –como la trata–, y como ocurre en la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, los estándares probatorios se flexibilizan cuando no hay otro tipo de prueba y se ponderan el contexto en el que sucedieron los hechos, los indicios. Tal vez no existían pruebas suficientes para determinar cómo fue secuestrada Marita, por las deficiencias en la instrucción del caso. Pero Marita fue vista –según declararon varias víctimas de trata– en distintos prostíbulos riojanos, regenteados por Irma “Mamá Lili” Medina y sus hijos, José “Chenga” Gómez y Gonzalo “Chenguita” Gómez, tres de los trece imputados absueltos. Y antes, semanas después de su desaparición, en mayo de 2002, en la casa de Daniela Milhein, acusada de dedicarse a reclutar chicas para ser explotadas en los prostíbulos.
Los proxenetas que esclavizan a muchachas para explotarlas sexualmente convierten a las mujeres en mercancías, las cosifican: son objetos que pueden comprarse y venderse. Las despersonalizan a fuerza de violaciones, dosis de droga y otros malos tratos y torturas, para “ablandarlas” y que sean dóciles ante los clientes-prostituyentes. Ser escuchadas por un tribunal es el primer paso para empezar a recuperar su condición de sujetos, de ciudadanas con derechos. Es el primer paso para poder sanar tantas heridas. El hecho de que sus palabras no sean creídas las revictimiza. Y tiene un efecto disciplinador hacia otras sobrevivientes que pueden aportar datos valiosos para perseguir el delito de la trata. A partir de este fallo, preferirán el silencio: para qué exponerse a que los proxenetas se venguen con sus hijos, como siempre las amenazan, pensarán muchas.
Ayer uno de los abogados de la Fundación María de los Angeles que representaron a Susana Trimarco en el juicio, Carlos Garmendia, recibió múltiples mensajes de apoyo en su celular, como todas aquellas personas vinculadas con el caso. Pero el que más conmovió a Garmendia fue enviado por una joven rescatada de un prostíbulo en Catamarca, que no conoció a Marita, nunca la vio, ni declaró en el juicio: “Doctor, después de lo que hizo la Justicia ayer, me doy cuenta de que es una mierda, que para ellos somos unas putas y nada más. Fuerza doctor y hoy todos somos Marita”, le escribió la chica. Unas putas y nada más. ¿Quién le cree a una puta? Ese parece ser el nudo del veredicto.
Por último: se observa en la sociedad una generalizada indignación ante la sentencia que dejó en libertad a todos los imputados. Valdría la pena recordar que si hay trata de mujeres es porque hay muchos varones de esta misma sociedad que pagan por esos cuerpos esclavizados y otros varones –funcionarios públicos, de fuerzas de seguridad, del poder político y de la corporación judicial– que amparan esas mafias.

Hoy somos todas Marita.

Por Mariana Carbajal



martes, 8 de marzo de 2011

La otra inseguridad ciudadana

La conmemoración internacional tiene aquí el marco de los femicidios: en lo que va del año ya hubo 50 casos. Nueve víctimas fueron quemadas. Las organizaciones de mujeres advierten sobre las tareas pendientes para enfrentar la situación.

“El Día Internacional de la Mujer se conmemora en homenaje a 129 mujeres que en 1908 murieron quemadas en una fábrica textil de Nueva York por reclamar igualdad laboral: fueron encerradas y les prendieron fuego. A más de cien años de aquella escalofriante violación de derechos humanos de las mujeres, asistimos a cifras alarmantes de mujeres quemadas por sus parejas”, advirtió, en diálogo con Página/12, Leonor Arrigo, del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada (CAMM), una ONG de Mar del Plata que brinda asistencia gratuita a víctimas de violencia machista. La fecha, de movilización y concientización, está atravesada este año por un fuerte reclamo del movimiento de mujeres que gira en torno de dos ejes centrales: la urgencia de que la violencia de género sea considerada un problema de “seguridad ciudadana” y en consecuencia se avance con políticas integrales para enfrentarla, y la apertura de la discusión por la despenalización y legalización del aborto en el Congreso.

La seguidilla de femicidios empaña la conmemoración: en los dos primeros meses del año, se registró más de medio centenar de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres: al menos 9 de las víctimas murieron incineradas. Otras dos mujeres, una de 19 años, en Chaco y otra de 30, en Santiago del Estero, fallecieron como consecuencia de abortos inseguros practicados en la clandestinidad, de acuerdo al relevamiento de casos publicados en la prensa que realiza el Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer (Indeso), de Rosario. Diecisiete de los femicidios ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Las consecuencias de los abortos inseguros –a los que son empujadas las mujeres que no quieren continuar con una gestación no deseada– son la principal causa de mortalidad materna en el país hace treinta años.

“Se requiere de manera urgente que la violencia de género sea considerada un problema de seguridad ciudadana. Debe ser tomado en serio y eso significa asignar partidas presupuestarias adecuadas para un plan nacional que permita prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, consideró la abogada Susana Chiarotti, reconocida internacionalmente por su larga militancia en la defensa de los derechos de las mujeres. Chiaroti integra el comité de expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encarga de evaluar a los países del continente en el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscripta en Belém do Pará, y es responsable de monitoreo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). Otro tópico importante, para Chiarotti, es el de los derechos sexuales y reproductivos. “Hay que tener en cuenta que la democracia integral para las mujeres requiere que puedan ejercer su ciudadanía también sobre sus cuerpos; que puedan fijar sus metas de vida independientemente de presiones que vengan de la familia, las religiones o el Estado. Nosotras estamos a favor de la vida: la vida de las mujeres que no puede verse afectada por cláusulas restrictivas sobre el aborto que las obligan a tomar decisiones que ponen en peligro su salud y su supervivencia, y por una vida digna para todas las niñas y niños que merecen nacer de maternidades deseadas”, apuntó.

Desde el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, de Mar del Plata, su presidenta, Alba Salinas, puso el alerta en los “noviazgos violentos”, debido –señaló– a que son el comienzo de una historia de violencia que se agrava con el tiempo y puede terminar en muerte de la mujer. “Estos casos de mujeres muy jóvenes muertas a manos de sus novios, parejas, ex parejas nos debe poner en alerta, tenemos que decir basta a las situaciones de violencia, cortar estas relaciones lo más pronto posible. Los varones violentos no cambian en tanto consideran que la responsabilidad de la violencia no es de ellos sino de las mujeres que los provocan y el maltrato aumenta junto con las amenazas y el aislamiento”, advirtió Salinas. Cada vez reciben más casos de mujeres amenazadas por sus parejas con ser quemadas. “Antes del caso de Wanda Tadei, las amenazaban con quemarles la vivienda, ahora lo que vemos es que directamente las amenazan con quemarlas a ellas vivas”, alertó Salinas.

La socióloga Elsa Schvartzman, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos, propuso: “Tomemos la fecha del 8 de marzo como otra oportunidad para poder pensar sobre las conquistas y las deudas en el arduo camino de construcción de ciudadanía y adquisición de derechos de las mujeres. Lo que hemos avanzado tiene muchos capítulos. Pero, como día de acción, propongo una mirada especial por lo que nos está faltando: reconocimiento a la capacidad de decidir de las mujeres, que se nos considere ciudadanas con derechos y responsabilidad para asumirlos, que nuestras decisiones, nuestra autonomía, tengan la garantía de un Estado democrático y laico”.

“Las mujeres rompimos el silencio, las discusiones están instaladas, es imposible seguir negando las complicidades en la cadena de la prostitución, en el secuestro de jóvenes y niñas; el femicidio, la realidad del aborto clandestino e inseguro que cuesta tantas víctimas”, consideró Schvartzman.

Entre los múltiples actos previstos para hoy y los días venideros, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Campaña Abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”, convoca a una manifestación entre las 16 y las 19 en el Parque Centenario. “Nos juntamos para reclamar por la abolición del sistema prostituyente y con ello estamos demandando que la prostitución no sea considerada una opción de trabajo para ninguna persona, cárcel a los proxenetas, tratantes y sus cómplices, derogación de los artículos de los códigos contravencionales y de faltas que penalizan a las personas en situación de prostitución, visibilización de los ‘clientes’ como prostituyentes e inclusión social para todas las mujeres”, señaló Marcela D’Angelo.

Aunque se reconocen avances en cuanto a la igualdad de derechos, las asignaturas pendientes son muchas. “La naturalización de la prostitución, la extrema mercantilización de cuerpos y subjetividades, la negación del derecho a decidir sobre nuestras vidas y maternidades, la violación de nuestros límites corporales, la muerte, la situación de inferioridad salarial, forman una red de limitaciones y negaciones de derechos que configuran las formas actuales de opresión de las mujeres y refutan la idea de una libertad y una igualdad ya ganada. Lejos del post-feminismo, aún queda mucho por hacer”, evaluó Magui Belloti, de ATEM 25 de Noviembre, y parte de la Campaña Abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”.

Por Mariana Carbajal


Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-163683-2011-03-08.html

jueves, 25 de noviembre de 2010

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer‏

El 25 de noviembre fue declarado día Internacional contra la Violencia hacia la mujer en el Ier Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981.
En este encuentro las mujeres denunciaron la
violencia de género a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual a nivel de estados incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas.
Se eligió el 25 de
noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y Maria Teresa), tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en manos por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana.
Sus cadáveres destrozados aparecieron en el fondo de un precipio. Para el movimiento popular y feminista de República Dominicana históricamente estas mujeres han simbolizado la lucha y la resistencia.
En 1999, la ONU dio carácter oficial a esta fecha.


La agenda del día

- Con el lema “Penalizar el aborto también es violencia contra las mujeres” se realizará a partir de las 16.30 una concentración frente al Congreso, convocada por distintas organizaciones de mujeres, sociales y sindicales. Habrá intervenciones urbanas y una radio abierta y a las 18 se realizará una “sentada verde” para exigir el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que promueve la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

- A las 17, en la esquina de Callao y Corrientes, la campaña abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución” hará una volanteada contra todas las formas de violencia y retirará los volantes que propagandizan los prostíbulos y la explotación sexual en la vía pública. Después de las 18 marcharán al Congreso para sumarse al reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito.

- En el municipio de Morón, a partir de las 18, está prevista una marcha por las calles del partido, en la que participará el intendente Lucas Ghi, ong, funcionarios y vecinas y vecinos de los barrios. Y cantará Cecilia Rossetto.

- También están convocadas acciones en las principales ciudades del país.


Fuentes:

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/157497-50496-2010-11-25.html

Imagen tomada prestada del blog:

http://geaconciencias.blogspot.com





domingo, 14 de marzo de 2010

Sara no puede esperar










[Ella es protagonista de una cruda realidad…
Está nota te deja sin palabras y con una impotencia que te inunda el a
lma...]



"Una mujer en Misiones acosada y golpeada brutalmente por su vecino, que además es comisario, se encuentra en un callejón sin salida luego de haberlo denunciado.

¿Cómo se vuelve a la vida luego de una terrible paliza? ¿Cómo superar esas cicatrices que no sólo duelen en los días de humedad? ¿Cómo no temblar al salir a la vereda de su casa, si el agresor es su vecino? Ni siquiera el llanto de un niño –de apenas nueve años– detuvo la agresión de este ex comisario Hugo Ariel Benítez.

Sara Báez vive en Posadas, Misiones, su hogar está ubicado en el barrio Santa Rita, a pasos de la casa de Benítez, quien día tras día e impunemente abusaba de ella. En principio psicológicamente “cada vez que me veía me decía piropos, pero bastantes guarangos, y alguna que otra vez tuvo actitudes exhibicionistas. Después la situación y su vocabulario fueron más densos, me acosaba con palabras más burdas. Yo fui a quejarme varias veces a la jefatura policial decimotercera de Posadas pero –en ese momento– no tomaron las medidas necesarias que yo reclamaba, me decían que tenía que tener marcas para que la denuncia sea sustentable”, relata Sara.

Esta pregunta cae de maduro: ¿Cuánta sangre hay que mostrar para ser protegido?

Lo que tanto temía que ocurriera aconteció el pasado 10 de diciembre al regreso del acto de finalización escolar de su hijo menor. “Yo venía feliz y orgullosa ya que a mi hijo le habían entregado la medalla de honor por mejor comportamiento, entonces compramos comida para cenar y festejar juntos”, sin embargo el festejo no pudo ser llevado a cabo ya que el ex comisario la aguardaba entre penumbras en el portal. Cuando Sara abrió las rejas de su casa la arrastró de los pelos hacia la vereda, “quiso obligarme a practicarle sexo oral. Yo me negué y le dije que prefería morir antes de hacer lo que me estaba exigiendo”, sus labios ensangrentados le expelieron, pero Benítez no se detuvo.

Sin ningún tipo de límite le dio duro en su espalda, hasta perforar sus riñones, y entre golpe y golpe le gritaba “hija de puta por qué me denunciaste, qué anduviste diciendo por ahí”. Los gritos de desesperación no detuvieron a Benítez: sacó su cinto y dejó la piel de ella en carne viva, “me pegaba con la hebilla del cinto, recibí tantas trompadas en mi rostro, que me aflojó la mandíbula. Yo a esa altura ya estaba inconsciente, y el dolor casi no lo sentía, no tuve más opción que entregarme, no tenía fuerzas para defenderme. Este animal destruyó mi vida. Las secuelas que dejó en mi cuerpo, no me permiten ahora trabajar”, remata Sara.

Ella sólo logró en ese momento esquivar las sombras de él y los golpes constantes que podrían haberle quitado la vida. “Cuando me apuntó en la sien con su calibre de nueve milímetros y disparó dos veces, sin que saliera la bala, me hizo callar y me dijo: los muertos no hablan”, sostiene Sara.

Esta situación que eriza la piel fue intervenida por un chofer de colectivo y pasajeros que circunstancialmente pasaban. “Al escuchar mis gritos y los de mi hijo ellos se acercaron para ayudarme, y Benítez cuando los vio huyó, se metió por el barrio. Su cobardía lo hizo correr y escapar.”

Alexis gritaba, rogaba por la vida de su madre. Esas imágenes encarceladas que dejó este hecho en su hijo no son sencillas de borrar. “Mi hijo presenció esta espantosa escena, ahora él tiene continuos ataques de llanto. Todas las noches se hace pis en su cama, a mí como madre se me parte el alma.” Sara hace ya 6 años que es padre y madre. “Lo único que espero es que los dos podamos superar esta historia, pero se me hace difícil seguir con este veneno que me llena de angustia.” Un veneno que podría haber sido evitado si la policía misionera hubiera registrado y accionado cuando Sara realizó su primera denuncia, y hubieran tenido en cuenta la ley 26.485.

Perla Prigoshin, asesora legal de la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, asegura qué “esta nueva ley, que está vigente desde el 11 de abril del 2009, tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en ‘todos’ los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Remarco ‘todos’ porque está instalado en el imaginario colectivo que sólo es violencia la intrafamiliar. Afortunadamente la ley, que es una de las más avanzadas de Latinoamérica, obliga a los tres Poderes del Estado, tanto del ámbito nacional como del provincial y municipal, a ocuparse de distintos tipos y distintas modalidades de violencia”, sostiene la especialista.

Las mujeres que sufren violencia, por lo general no son escuchadas. Pese a que en este terreno en los últimos diez años las cosas hayan cambiado para mejor, aún falta más información sobre dónde pueden ser asistidas.

“El Consejo se ocupa del diseño y monitoreo de las políticas públicas con perspectiva de género. Con esto señalo que el organismo no debe accionar en forma directa vulnerando competencias locales. Articulamos nuestro trabajo con todas las provincias del país y en ese marco. Respecto de la señora Sara Báez, el CNM intervino desde el momento en que nos enteramos de la situación. Nos pusimos en comunicación con el área pertinente de Misiones y nos informamos permanentemente del estado de la mujer violentada. Sabemos que desde que nos contactamos con las autoridades de la provincia éstas se ocuparon de brindarle a la víctima tanto asistencia psicológica como jurídica”, concluye la Dra. Prigoshin.

Por lo general en la comisaría se les informa: “No deje que se acerque a su domicilio”, “evite que se aproxime a tantos metros’” pero, ¿cómo hace esa mujer para ponerlas en práctica una vez que se quedó sola? Lamentablemente estas respuestas que dan en las diferentes comisarías penden de un hilo muy fino y aún no se resguarda a la mujer en la confidencialidad de la denuncia.

Complicidad, encubrimiento, intervención, son sinónimos que se hacen presentes en esta historia, en donde el culpable aún no tiene castigo, solamente estuvo detenido algunos días y antes de las fiestas lo “soltaron”. Pareciera que el brindis navideño habilitó su libertad y es así como Sara —al día de la fecha— sigue recibiendo constantes amenazas.

¿Acaso ser ex comisario significa estar exento de todo castigo?

Que lo dejaran en libertad a Benítez, sin dudas para Sara fue una patada más en su riñón, un mal chiste, fue llenarla de terror.

Sara, que mantenía su familia trabajando en reflexología, ahora debido a estas intensas lesiones, le es imposible continuar. “En este momento algunos de mis vecinos me ayudan, me dan de comer a mí y a mi hijo. No tengo paz, cada dos por tres aparecen personas en mi casa y me amenazan. Hace semanas atrás se acercaron dos personas encapuchadas en una moto y lo agredieron a mi hijo, y hace poco una patota me gritó que lo que no terminó de hacer Benítez lo iban a terminar de hacer ellos. Yo no puedo más.” Cuando Sara habla su voz tiembla, sin embargo el silencio no la detiene y en vez de callar esta impunidad la comunica, porque es la única manera que encuentra para salir adelante, intentando expulsar esa imagen horrorosa que muchas veces le quita la respiración.

Cabe destacar que Hugo Benítez años atrás ya había sido denunciado por abuso sexual por el personal femenino de su ex área de trabajo.

Este caso, en la actualidad, está a cargo del Juzgado de Instrucción Nº3 de Posadas. Vale recalcar que el caso aún no ha sido resuelto. Al buscar explicación sobre esto la respuesta es la clásica que corresponde al mes de enero “estamos de feria”.

Sara suplica ayuda, suplica cuidado, suplica tranquilidad y ante todo suplica que respeten sus derechos como mujer."

Por Irupé Tentorio



Fuente:
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-5574-2010-03-14.html

martes, 24 de noviembre de 2009

El primer juicio contra acusados de trata

Es importante difundir el día 25 de noviembre "Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres" el artículo que publicó Mariana Carbajal, en Página 12, sobre El primer juicio contra acusados de trata. Es para tomar conciencia y reflexionar.

"Las víctimas habían sido reclutadas mediante engaños y llevadas a un prostíbulo, de donde escaparon. Los cuatro acusados podrían recibir hasta quince años de prisión, según la ley aprobada el año pasado. El jueves comienza el segundo juicio, en Santa Fe.

Mañana comenzará en la localidad misionera de Eldorado el primer juicio oral y público en el país por trata de mujeres para explotación sexual desde la sanción en abril de 2008 de la ley que tipificó el delito federal. La causa se abrió a partir de la denuncia de dos adolescentes, una de 16 y otra de 18 años, muy pobres, que habían sido reclutadas bajo engaño en Paraguay y llevadas a un prostíbulo en un pequeño pueblo de la zona centro norte de la provincia, de donde lograron escapar. Los imputados son cuatro, dos hombres y dos mujeres, una de ellas, la que regenteaba el burdel. Podrían recibir hasta 15 años de cárcel. Un día después, en Santa Fe, se iniciará otro juicio oral contra una mujer acusada de reclutar adolescentes en barrios marginales de los alrededores de la capital provincial, una de las cuales, de 14 años, permanece desaparecida.

La casualidad quiso que ambos procesos orales –el de Santa Fe será a puertas cerradas– tengan lugar en la semana en que se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La trata es una expresión de ese flagelo. Los dos casos muestran, de acuerdo con la investigación judicial, cómo operan las mafias que convierten a mujeres jóvenes, a veces, niñas, en esclavas sexuales: las reclutan bajo engaño, las “ablandan” violándolas, las amenazan con lastimar o herir a familiares y las introducen en un sistema de explotación por el cual siempre están en deuda con el proxeneta.

Los cuadernos

El juicio en Misiones estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Posadas. Pero se llevará a cabo a 193 kilómetros de la capital provincial, en la localidad de Eldorado. Los magistrados así lo dispusieron para facilitar la concurrencia de los testigos. Uno de los imputados es Roque González, paraguayo. Está acusado de haber reclutado en Ciudad del Este a dos adolescentes de un barrio muy pobre de esa ciudad paraguaya. Les prometió, según ellas declararon luego, un trabajo como meseras en un bar. El sueldo con el que las tentó muestra claramente la situación de vulnerabilidad social en la que se encontraban: apenas 100 pesos la quincena. Tenían estudios primarios. La instrucción judicial estableció que González las ingresó ilegalmente a la Argentina, en balsa por el río Paraná a la altura de la localidad de Wanda, y allí se las entregó a Carlos Francisco Loureiro y a su pareja, Dora Beatriz Raballo, quienes las llevaron a un local nocturno del pueblo de Andresito, en el centro norte de la provincia, con habilitación municipal como bar pero que funcionaba como prostíbulo. El burdel, de acuerdo con la instrucción judicial, estaba regenteado por Noemí Helfiftaich.

A los pocos minutos de llegar al bar, el 27 de octubre de 2008, las dos adolescentes paraguayas se dieron cuenta de que no iban a servir las mesas sino a los “clientes-prostituyentes”. Un día después, se escaparon. Según contaron, gracias a la ayuda que les dio una pareja, pudieron tomar un micro con la idea de regresar a sus casas. Efectivos de Gendarmería detuvieron el vehículo para hacer un control de rutina, y ellas contaron cómo habían llegado allí: una de ellas no tenía documento. Hicieron la denuncia en el Escuadrón de Gendarmería de Eldorado. Y el 15 de noviembre de 2008 la Justicia ordenó un allanamiento en el burdel: encontraron otras cuatro menores de edad y dos jóvenes de 22 años, que también eran víctimas de la explotación sexual. Del local secuestraron “cuadernos precarios” que daban cuenta de que las mujeres no se quedaban con dinero de los “servicios sexuales” que ofrecían y que cobraban entre 30 y 50 pesos. Siempre estaban en deuda dado que tenían que pagar por la habitación, la comida, el agua y la limpieza del cabaret. “Todo está anotado”, confió a este diario una fuente cercana a la investigación. “Era el sistema para limitar su libertad ambulatoria. Las mujeres no estaban encerradas. Las dejaban salir pero si llegaban tarde les cobraban multas de 30 a 100 pesos. Siempre estaban debiendo dinero”, describió la fuente.

Los cuatro imputados están detenidos. González, Loureiro y Helfiftaich están imputados del delito de trata de menores de edad, que tiene penas que van de 10 a 15 años. A Raballo se la acusa de ser partícipe secundaria. La fiscal ante el Tribunal Oral es Vivian Barbosa. Igual que su par de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, cuentan con el asesoramiento de la Unidad Fiscal Especial en materia de trata de personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Marcelo Colombo.

Desaparecida

El jueves empezará el segundo proceso oral por trata de mujeres. El Tribunal Oral Criminal de Santa Fe dispuso que se haga a puertas cerradas porque involucra a una chica de 14 años, pero paradójicamente la adolescente, Carolina F., no declarará porque permanece desaparecida desde principios de este año, cuando se escapó de un hogar del gobierno provincial, la Casa de la Joven, adonde la Justicia había dispuesto su alojamiento. Su nombre y fotografía están en la página web de la organización Missing Children junto a otros “Chicos Perdidos”.

El juicio tiene como única imputada a Julia Núñez, acusada de reclutar a la adolescente en un barrio muy pobre de Coronda y a otra joven, de 19 años, en otro asentamiento del Gran Santa Fe. Núñez sería el primer eslabón de una red de trata que operaría con un prostíbulo de la localidad bonaerense de América, partido de Rivadavia, cerca de Trenque Lauquen.

La investigación se inició en la ciudad de Coronda, el 9 de enero de este año, con la denuncia de la madre de Carolina por búsqueda de paradero de su hija. Después la Justicia encontró indicios para establecer que Núñez se habría presentado en el barrio y la habría convencido para que entregara a la niña, entonces de 13 años, para trabajar como empleada doméstica, a cambio de 400 pesos. Después reclutó a la muchacha de 19 años en Recreo. Según su relato, Núñez la habría llevado a su casa en Santa Fe, donde habría sido violada por un hombre. En rueda de presos lo identificó: señaló a un preso de la cárcel de Las Flores, condenado por homicidio pero con salidas transitorias, a quien finalmente el juez federal Nº 2 Francisco Miño le dictó falta de mérito, aunque sigue siendo investigado. La violación sería parte de un ritual de “ablandamiento” de las víctimas. Luego, la joven habría sido entregada a Juan Ramón “El Pollo” Rojas, quien la habría llevado al cabaret de la localidad bonaerense de América. La muchacha contó que estuvo un día con Carolina en el local. Que a ella también la engañaron porque pensaba que iba a trabajar como empleada doméstica y que la amenazaron con atentar contra su hija de 2 años si no se prostituía.

La segunda joven llegó al burdel en momentos en que en Coronda se denunciaba públicamente la desaparición de Carolina. Por lo que Rojas habría decidido llevar a la niña de vuelta a Santa Fe. El 19 de febrero, Carolina se presentó espontáneamente ante el Juzgado de Menores a cargo de Susana Giordano de Bilicich. No acusó a Rojas. La Justicia dispuso su alojamiento en la Casa de la Joven, de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de Santa Fe. De allí se escapó y desde entonces se desconoce su paradero. Rojas estuvo prófugo durante varios meses y recién fue detenido semanas atrás: por esa razón no llega al juicio en este primer proceso. Núñez podría ser condenada a entre 10 y 15 años de prisión, por ser una de las víctimas menor de edad."

Mariana Carbajal

(http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-135828-2009-11-24.html)