lunes, 9 de noviembre de 2015

Esta es mi historia: mi nombre es Relmu y vengo de un vientre mapuche


La referente de la comunidad Winkul Newen fue juzgada, y declarada inocente, por el primer jurado intercultural de América Latina: estuvo integrado por seis mapuches y contó con traducción simultánea. Relmu tiene 38 años y nació en Esquel. Como su mamá biológica no pudo criarla, fue adoptada por Héctor y Silvia Soaez. Perfil de una mujer que lucho primero por su identidad y luego por su pueblo.




Relmu Ñamku nació en Esquel hace 38 años. Como su mamá, Marina, no pudo criarla la dio en adopción apenas nació. Relmu fue adoptada por Héctor y Silvia Soaez, una pareja que esta semana se emocionó hasta las lágrimas al escuchar que su hija había sido absuelta por “tentativa  de homicidio”, el delito que se le imputaba desde 2013. La referente de la comunidad Winkul Newen fue juzgada por el primer jurado intercultural de América Latina, por un hecho sucedido el 28 de diciembre de 2012, en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala, Neuquén.
Ese día, cuando los miembros de la comunidad bloqueaban un establecimiento petrolero, llegó una orden judicial para desalojarlos. Los miembros del LOF –como se llama a la forma de organización mapuche- se defendieron con piedras y una oficial de justicia sufrió la fractura del tabique nasal. Por eso, la acusaron a Ñanku de “tentativa de homicidio” y a Martín Maliqueo y Mauricio Raín por “daños agravados”. El miércoles todos fueron absueltos. El jurado estuvo integrado por seis mapuches y contó con traducción simultánea al mapuzungun, el idioma oficial del pueblo.
La comunidad Winkul Newen desde 2010 mantenía los cruces con el accionar de la empresa petrolera Apache Corporation, que explotaba pozos en territorio mapuche y con el tiempo se hicieron cada vez más recurrentes. La comunidad incluso puso un alambrado para proteger el territorio en 2012 y le cerró el paso a la empresa.
En diciembre de ese año se escucharon los motores de autos y camionetas. Salieron a ver qué pasaba y vieron móviles policiales, grúas y camionetas de la empresa. De allí una mujer se acercó con un papel en su mano y una lapicera. Relmu fue a su encuentro. La mujer era la oficial de Justicia Verónica Pelayes, que  traía en su mano una orden de desalojo firmado por la jueza Ivonne San Martin.
Cuando intentó leerles a Relmu y al resto la ordenen, no la dejaron y la sacaron del territorio mapuche. “Rajá”, le dijo la referente en reiteradas ocasiones. Pero la oficial de justicia, de manera intimidante y faltando el respeto, empezó a gritarles:
-Si es una comunidad, traigan los papeles -se le escuchó decir aquella tarde a Pelayes.
-Ustedes no son mapuches -les recriminó.
-Qué sabés vos del tema mapuche -respondió Relmu-. Y agregó:
-No sabés nada, tenés que volver a la primaria.
-Esto es una ruta -les dijo Pelayes.
La comunidad notó que la topadora estaba prendida y que comenzaba a avanzar en territorio mapuche. Allí comenzaron los piedrazos. Fueron sólo cinco minutos. La excusa perfecta para la criminalización. A los pocos días los referentes de la comunidad habían sido detenidos y con la intervención de abogados y organizaciones luego liberados y así se armó la causa judicial que los tuvo en el banquillo hasta que fueron declarados no culpables esta semana.
Resistir y luchar
Durante las cinco primeras audiencias a Relmu la llamaron Carol Soaez, como figura en su DNI con el apellido del hombre que la adoptó. Al sexto día, cuando llegó el turno de dar su testimonio, habló en mapuzungun y tras saludar a las autoridades de su comunidad y al jurado presente dijo:
-Esta es mi historia. Mi nombre es Relmu Ñamku, siempre en todas las audiencias me llaman Carol Soaez. Me siento con la obligación de contarles a todos ustedes; al jurado y al público, a la querella y a los fiscales quien soy, como para poder contextualizar mi comunidad Winkul Newen.
Tras un silencio, agregó que le daba “pena” contar sus intimidades para que puedan entenderla y la fiscalía dejara de acusarla “injustamente”. La fiscal Sandra González Taboada, que la imputó y llevó a juicio por un delito que no cometió, miraba su cuaderno sin sacar la vista de ahí.  Meses antes del incidente de Portezuelo, González Taboada había desistido de investigar una denuncia de la comunidad por la agresión de una patota petrolera, que golpeó a una embarazada y una anciana.
En la carpa blanca montada para el juicio, Relmu contó su historia, con el amor que la criaron sus padres adoptivos, a quienes señaló en la audiencia, cómo se hizo fuerte por ellos y cómo también desde el principio supo que ella era mapuche. “Porque mi mamá es mapuche, vengo de un vientre mapuche, soy mapuche”, dijo con orgullo.
Relmu también contó la posibilidad que tuvo de estudiar y viajar a Córdoba, donde hizo una tecnicatura en idiomas y culturas indígenas. “Me recibí de esa tecnicatura pero había en mí una intranquilidad. Si bien sabia esta historia que les cuento, no era natural para mí, si bien sabía que era mapuche no podía resolver mi día a día”, detalló. Volvió al sur y tras mucho desearlo, a los 21, conoció a su mamá biológica. Para mí fue algo muy bueno porque cerré un ciclo y comencé otro. No para recriminar sino conocer de dónde venía”. También supo que tenía ocho hermanos y contó que los fue conociendo de a poco.
En Neuquén el pueblo mapuche resistía y luchaba por sus derechos y por reconstruir su cultura y Relmu pudo ver cómo era su fortaleza. “Empecé a trabajar en un centro cultural mapuche fue un proceso hermoso aprendí telar, alfarería y también aprendí algo de mapudungun porque teníamos esa posibilidad del contacto y relación con comunidades. Esa deuda que tenía conmigo, con mi cultura lo aprendí en ese tiempo”.
Allí también contó que le tocó un “proceso fuerte, un proceso que es conocido aquí como un proceso de reconstrucción del pueblo mapuche y del lado del gobierno un proceso de enfrentamiento con el pueblo mapuche”. Y agregó: “En aquellos años más de 10 comunidades mapuches tomaron su forma organizativa como comunidad, porque no es que nos fuimos del territorio, sino que producto de la colonización, producto de la reducción territorial fuimos perdiendo nuestra cultura, y entre eso perdimos nuestras estructura organizativa como comunidad, como LOF también perdimos el respeto hacia nuestras autoridades”.
Una fiscal endeble
El periodista Darío Aranda realizó la cobertura del juicio para Amnistía Internacional Argentina, que ofició de observadora en el debate, y escribió notas para el diario Página/12 sobre el caso también. La fiscal González Taboada no fue nada sutil al saber quién era el periodista que había escrito una nota sobre el caso. “La fiscal que pide 15 años de cárcel para Relmu Ñamku por un piedrazo que además no está comprobado me encaró al final de la audiencia, me hizo venir a buscar por la policía porque quería hablar conmigo”, contó a radio La Retaguardia el periodista y contó que la fiscal le dijo “que su artículo era mentiroso”.
“Mi respuesta, por ende, fue que me estaba llamando mentiroso a mí, y se dio una suerte de discusión donde ella me quería llevar a su oficina y yo quería mantenerla en un lugar público, aunque estaba rodeado de policías. Si ese es un manejo con un periodista de Buenos Aires de un medio nacional, imaginen con el pueblo mapuche”, dijo Aranda.
El abogado Darío Kosovsky, defensor de Relmu, dijo que la fiscal "menospreció a la ciudadanía" al sostener que el jurado popular, que esta semana declaró inocente a la referente mapuche, lo hizo intimidado o condicionado por "presiones externas". "El pueblo no le tiene miedo al pueblo y los jurados no deciden sobre la misma lógica que los técnicos. Emiten el veredicto sin temer a las consecuencias para sí, no esperan un ascenso por una decisión favorable a los intereses del poder, no especulan con ganar cargos con su fallo", dijo.
CD/GA/RA


Infojus Noticias

jueves, 5 de noviembre de 2015

Un jurado popular absolvió a Relmu Ñanku

El cuerpo, compuesto por doce personas, seis de ellas mapuches, la encontró culpable de “daño simple”. La juzgaron porque cuando la comunidad bloqueó el acceso a un establecimiento petrolero una oficial de justicia resultó herida de un piedrazo. La acusación original fue por “tentativa de homicidio”.


El primer jurado intercultural de América Latina dio su veredicto de “no culpable” del delito de tentativa de homicidio contra la referente de la comunidad Winkul Newen del pueblo mapuche., Relmu Ñanku, y la encontró responsable de “daño simple”. El jurado, compuesto por doce personas, seis de ellas mapuches, juzgó los hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2012, en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala, Neuquén. Ese día, cuando los miembros de la comunidad bloqueaban un establecimiento petrolero, llegó una orden judicial para desalojarlos. Los miembros de la comunidad se defendieron con piedras y una oficial de justicia sufrió la fractura del tabique nasal. Por eso, la acusaron a Ñanku de “tentativa de homicidio” y Martín Maliqueo y Mauricio Rein por “daños agravados”, quienes también fueron absueltos. Todo el debate contó con la traducción simultánea al mapuzungun, el idioma mapuche. “El jurado nos dio la razón. El pueblo fue más coherente que todos los jueces, fiscales”, dijo Ñanku a Infojus Noticias, quien celebró su absolución, tras casi tres años de lucha.
“La justicia ejercida por el pueblo es más sabia que la de los fiscales", aseguró el abogado Darío Kosovsky que junto a Emanel Roa defendió a los imputados. “Estoy feliz, exultante”, resumió. Apenas se dio a conocer el fallo la sala estalló en gritos y aplausos. En medio de un clima de mucha emoción, los presentes comenzaron a cantar “la tierra robada será recuperada”.
“La vamos a dar vuelta en la impugnación”, dijo Kosovsky sobre la culpabilidad entorno de “daño simple”. El abogado explicó que esa figura fue aplicada por el jurado “por un error en las instrucciones que dio el juez al jurado, antes de la deliberación, sobre cómo tenían que evaluar”. Detalló que ya habían “dejado reserva del caso” y agregó, entre risas: “Relmu va a quedar sin ninguna manchita”.
El juicio comenzó la semana pasada en una amplia carpa blanca armada especialmente junto a los tribunales de Zapala. Relmu llegó al debate acusada de “tentativa de homicidio”, un delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión, pero que ayer fue reducida por la misma fiscal que la había puesto: Sandra González Taboada. La representante del Ministerio Público Fiscal, en sus alegatos,  bajó la calificación a “lesiones graves en concurso real con  daño”, que contempla una pena de hasta 9 años de cárcel. Para el abogado Kosovsky, que defendió a Relmu, la elección de la carátula no fue casual y fue parte de una política de "criminalización de la protesta".
“Desde que llegamos vinimos a demostrar nuestra inocencia, no sabíamos lo que iba a pasar, pero sí confiábamos en que el jurado iba a tener más coherencia”, recalcó Relmu. El camino recorrido por ella y el resto de la comunidad frente a la justicia los había marcado a fuego. La misma fiscal, González Taboada, que la acusó por tentativa de homicidio y la llevó a juicio, fue quien desestimó una denuncia de la comunidad por el ataque que sufrieron de una patota petrolera. “La balanza siempre se inclina para el lado del poder y eso quedó claro con lo que hizo la fiscal”, describió.
Esa balanza se inclinó hoy para el otro lado. “El jurado escuchó, analizó, vio y decidió lo que tenía que decidir”, detalló Kosovsky y explicó que, entre otras cosas, los miembros del jurado vieron que detrás del caso “había política e intereses” que buscaron someter al pueblo Mapuche para ganar dinero. Y que, como contrapartida, “hay un pueblo que resiste”. “El mensaje fue contundente”, resumió.
Para Relmu, la decisión del jurado, entre otras cosas, “nos genera nuevas condiciones para seguir luchando y resistiendo y acompañando a todos los pueblos originarios del país”. En medio de los festejos, volvió a agradecer la “suerte de tener un jurado que supo ver”.
“Un juicio injusto”
Ayer se realizaron los alegatos de las partes y el lunes, en la sexta audiencia del debate, se escuchó el testimonio de Ñanku. De cerca la escucharon sus familiares y diferentes referentes indígenas, como Félix Díaz, y desde Buenos Aires llegó un colectivo con militantes de diversas organizaciones sociales, entre ellos Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga. En primera fila, escuchando el veredicto del jurado, estuvo la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas. 
En su exposición ante el juez y el jurado, Ñamku empezó hablando en mapuzungun. Saludó a las autoridades indígenas y a todos los presentes. “Es un juicio injusto. Quiero contar la verdad de lo que pasó”´, aseguró. Entre lágrimas contó su historia, cómo fue dada en adopción y cómo con los años recuperó su identidad mapuche. También relató la etapa de sus estudios en Córdoba y cómo decidió volver a Neuquén, porque ahí veía las luchas que se daban. Relató también cómo se casó con Maliqueo y fue a vivir a la comunidad.  Y describió la situación de conflicto entre la comunidad Winkul Newen, que tiene petróleo debajo, y las compañías multinacionales que extraen hidrocarburos. “Las petroleras siempre hicieron lo que quisieron y el Estado siempre las dejó hacer. Es una relación muy desigual, pero el Pueblo Mapuche lucha porque es un pueblo que quiere seguir vivo”, afirmó. Su testimonio fue publicado por el diario del juicio que realizó Amnistía Argentina, que actuó como observadora en el juicio.
Ñanku también dio cuenta de las agresiones físicas que sufrieron su cuñada embarazada y su suegra, por parte de una patota petrolera un tiempo antes del hecho que se juzgó en este debate. El hecho fue denunciado, pero no fue investigado. “Los fiscales Marcelo Jofre y Sandra González Taboada (los mismos que ahora los llevaron a juicio a ella) no hicieron nada”, aseguró.
Contaminación
La resistencia de la comunidad Winkul Newen se remonta a varios años antes de aquel 28 de diciembre de 2012. En 2010 habían comenzado un duro cuestionamiento al accionar de Apache Corporation, que explotaba pozos en tierras mapuche sin respetar los derechos de los pueblos originarios. El conflicto se agravó aún más con una serie de derrames de hidrocarburos y en 2012 la comunidad –donde las casas no tienen ni servicio de gas, ni electricidad y tampoco agua- cerró el paso a la empresa.
El 27 de diciembre la comunidad enterró a una beba que había fallecido unos días antes, convencidos de que la causa de muerte era la contaminación de la zona. Un día después llegó la orden de la jueza Ivonne San Martín, que hizo lugar a un pedido de la petrolera y ordenó que se notificara a la comunidad que permitieran correr los alambrados y tranqueras para que pase la empresa. Para eso llegó hasta el lugar Pelayes. Llevaba la notificación y estaba acompañada por efectivos policiales, miembros de seguridad privada, una retroexcavadora y empleados de la firma.
Ñamku contó que les pedían a Pelayes y los efectivos que se fueran. “Le dijimos varias veces que nos dé la notificación y se vayan, pero no, ellos querían entrar y no los íbamos a dejar”, destacó. La mujer pidió que se exhiba un video en el que se la escucha decirles que se vayan. Y también le responde a Pelayes varias veces con un “¿qué sabes vos de mapuches?”. En su testimonio agregó: “nos decía que no éramos mapuches, nos negaba nuestra identidad, es una falta de respeto para nosotros. Y nos decía que esa no era nuestra tierra”. Remarcó que durante los años de lucha tuvieron numerosas notificaciones, pero nunca una auxiliar del Poder Judicial los había tratado así.
En medio de un ambiente tenso, la retroexcavadora comenzó a avanzar y casi atropella a un joven de la comunidad. Hubo piedrazos para detener el avance. Una de esas piedras dio en la cara de Pelayes y le rompió el tabique. Poco después la mujer hizo su presentación judicial acompañada de Julián Álvarez, un abogado neuquino que defendió desde estancieros hasta un juez acusado de delitos de lesa humanidad. Tras hacerse cargo del caso, insistió en que se trató de un intento de homicidio y dijo que los mapuches eran “delincuentes que viven en la ilegalidad”. La fiscal González Taboada, que esta vez sí avanzó con la investigación, primero la  caratuló como “lesiones” y luego concordó con Álvarez en re caratularla como “tentativa de homicidio y daño agravado”. Hasta ayer, que empezó a dar marcha atrás.
CD/PW

martes, 3 de noviembre de 2015

Un jurado mapuche para Ñamku

Un jurado de doce miembros, seis de ellos mapuches, deberá decidir sobre la acusación contra Relmu Ñamku, una mujer de la comunidad mapuche, acusada de haber herido de una pedrada a una funcionaria durante un desalojo impulsado por una petrolera.













Por Darío Aranda

“Me quieren condenar por ser pobre, india y mujer”, afirmó la mapuche Relmu Ñamku durante el juicio en el que se la acusa de “intento de homicidio” por arrojar una piedra (en el marco de un conflicto territorial) y puede ser condenada a quince años de cárcel. Según la fiscal Sandra González Taboada, Ñamku arrojó la piedra que hirió a la auxiliar del Poder Judicial, Verónica Pelayes. Durante los seis días de audiencias declararon más de quince testigos, ninguno (salvo la denunciante) identificó a Ñamku como la responsable del piedrazo y dos médicos confirmaron que en ningún momento hubo riesgo de vida. Es el primer caso de América latina con jurado intercultural (la mitad son mapuches) y hoy se podría conocer la sentencia.
El 28 de diciembre de 2012, la auxiliar de Justicia Verónica Pelayes llegó hasta la comunidad mapuche Winkul Newen. Era el último día hábil antes de la feria judicial, y la jueza Ivonne San Martín ordenaba a la comunidad el ingreso de la petrolera Apache (le habían cerrado el paso por hechos de contaminación). El día terminó con Pelayes herida (rotura de tabique) y denuncia contra Ñamku, Martín Velázquez Maliqueo y Mauricio Rain.
En un primer momento fue por “lesiones”, pero luego la carátula fue cambiada por los fiscales Sandra González Taboada y Marcelo Jofré, y el abogado Julián Alvarez. Acusaron a Ñamku de “intento de homicidio” y “daño agravado” a Maliqueo y Rain. E instalaron en muchos medios provinciales que Pelayes estaba sola, que no se trataba de un desalojo y que se trató casi de una lapidación. Pelayes, en otra causa, demandó por 6,5 millones de pesos al Estado y a la petrolera.
Durante seis días de audiencias declararon más de quince testigos. Quedó confirmado que Pelayes concurrió con policías, empleados de la petrolera y una retroexcavadora (para levantar alambrados). Sólo Pelayes identificó a Ñamku como la responsable de su herida.
La fiscalía y Pelayes siempre afirmaron que la piedra que rompió el vidrio de la camioneta fue la misma que produjo la herida. Sin embargo, un testigo solicitado por la querella, el empleado Miguel Belani, aseguró ante el tribunal que Mauricio Rain fue quien arrojó esa piedra el 28 de diciembre de 2012.
Otra contradicción provino de José de la Rosa Cárdenas, médico de la policía de Zapala, y Jorgelina Carmona, perito forense del Poder Judicial. Ambos testigos por la querella acreditaron las lesiones, pero también descartaron que haya estado en riesgo la vida de la auxiliar. Pelayes, que declaró el jueves pasado, afirmó que recibió presiones de sus superiores para realizar la notificación y, una vez en el lugar, reconoció que el abogado de Apache, Mariano Brillo, la presionaba para lograr el ingreso de las camionetas petroleras.
El viernes declararon Martín Maliqueo y sus hermanas Violeta y Juana. Detallaron cómo la petrolera violaba los derechos indígenas, les cortaba la entrega de agua si reclamaban (es una zona desértica) y enumeraron una decena de represiones. Ayer fue el turno de Ñamku. Relató su historia de vida (fue adoptada de niña porque su madre biológica no podía criarla), cómo recuperó su identidad mapuche y precisó los numerosos hechos de violencia contra la comunidad. También recordó que, el día anterior al intento de desalojo, la comunidad había sepultado a una beba que nació con malformaciones (la comunidad apunta como causa a la contaminación). “En el banquillo de los acusados debieran estar los gerentes de las petroleras, el gobernador y sus ministros, y algunos funcionarios del Poder Judicial. Pero estoy yo, por ser pobre, india, mapuche, y mujer”, denunció Ñamku.


Un caso emblemático

Por Flor Monfort
En Perla Pascarelli se resumen muchos de los horrores que puede vivir una mujer que paga con su integridad física y mental los embates de la violencia obstétrica: su calvario empezó el 8 de mayo de 2007 cuando se internó para su cuarta cesárea programada en el Hospital Durand. En apariencia todo había salido bien y ella y su hijo Santino volvieron a la casa familiar en Lugano algunos días después. Pero pronto empezaron los dolores, las pérdidas y ese limbo en el que entra una mujer cuando quiere hacer valer su palabra frente a la mayoría de la corporación médica. Perla decía que le dolía, que no se recuperaba, que los dolores no eran gases como le insinuaban y que una cuarta cesárea le daba algo de experiencia sobre su cuerpo y sus señales. Algo no estaba bien y eso que empezó como una fiebre que se intentaba aplacar en la guardia con buscapina y suero terminó con una infección generalizada, una necrosis y sus cuatro miembros amputados. Aparentemente, durante la cesárea, alguien dejó una gasa “olvidada” en el útero de Perla y el dolor tenue terminó con el peor escenario por no escuchar a la protagonista, por ignorar las alertas y, una vez descubierta la cadena de negligencias, por esperar que se muera en vez de intentar salvarla. El 9 de julio de 2007, mientras la ciudad de Buenos Aires miraba atónita la nieve que caía del cielo, Perla se despertaba de la anestesia que la tragó un mes antes y la noticia fue un yunque pero también una lanza. Enseguida le dijo a su marido Luis que no llorara, que averiguara qué había pasado y que si la iba a dejar que sea rápido, porque ella no podía perder el tiempo. Así se motorizó una lucha en la que nunca se dio por vencida y que recién este año empezó a dejar la sombra de la impunidad. En la causa civil de la que el Gobierno de la Ciudad siempre se quiso lavar las manos e hizo oídos sordos a los plazos establecidos para asistir a la familia, la jueza nacional Silvia Tanzi le ordenó pagar casi 20 millones de pesos en concepto de indemnización para Perla, su marido y sus cuatro hijxs menores de edad. Ahora la Cámara debe ratificar la sanción de la jueza y acomodar ese monto (fijado hace más de seis años) a los valores actuales (cada una de las prótesis que necesita Perla para volver a caminar cuesta cinco millones de pesos, y el lucro cesante y la indemnización a la familia debería cuadriplicar este monto). En febrero, se conoció también la sentencia penal que condenó a probation a las médicas Valeria Cecilia Carrera y Lucía Gabriela Marquez, en una causa que tuvo once imputados que a lo largo del proceso fueron absueltos por falta de mérito. Es decir que es el primero de los ocho años que lleva este caso en los pasillos judiciales que Perla tiene una respuesta clara y concreta de que se ha actuado mal y que el Gobierno de la Ciudad, el mismo que le dio la espalda durante ocho años y el que mandó a su marido a pedirle trabajo a San Cayetano (sic de Horacio Rodríguez Larreta) debe resarcirla. “A mí me decían que no tenían de dónde sacar la partida presupuestaria para indemnizarme pero para Niembro sí supieron de dónde hacer aparecer los millones” dice hoy Perla, con la misma templanza de siempre y en el medio de las tareas escolares de los niños, Juan Cruz y Franco de 16, Oriana de 13 y Santino de 8. En estos años supo de dónde sacar la fuerza y entendió rápidamente que la vía más eficaz para que le prestaran atención eran los medios: la brutalidad de su caso y su innegable carisma hizo el resto. Así recibió la silla de ruedas de parte de Cristina Fernández cuando las huestes de Macri la ignoraban y sigue recibiendo cientos de relatos de brutalidades que el sistema de salud ejerce sobre las mujeres y su autonomía a la hora de parir. Tiene esperanzas en relación a la ley pero sabe que los años que separan la letra de la práctica son de arduo trabajo, capacitaciones y mucho empoderamiento. “Somos nosotras las que tenemos que poner los límites, apoyadas en nuestras familias pero con la seguridad que nos da una legislación. Espero que nunca más se repita una atrocidad como la mía”.
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